El Consejo de Gobierno aumentó el «fondo de reptiles» hasta cuatro veces

SEVILLA- Pese a las advertencias de la Intervención General de que la Consejería de Empleo y el IFA –hoy Agencia IDEA– estaban tramitando ayudas «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», el Consejo de Gobierno aprobó hasta cuatro modificaciones presupuestarias en los ejercicios de 2005, 2006, 2007 y 2008 para incrementar la partida que financiaba los ERE. Según refleja la cuenta general de los mencionados ejercicios presupuestarios hecha pública ayer por el PP, el total ascendió a 17.988.050 de euros aprobados en la reunión semanal del Gobierno andaluz, con Chaves como presidente y Griñán como responsable de Economía y Hacienda.
El primer Consejo de Gobierno fue el de diciembre de 2005 y la modificación de crédito para destinarlo al programa 31L –con el que se pagaban los ERE– fue de 799.895,97 euros. En el de 7 de noviembre de 2006 la cifra ascendió a 9,3 millones; el 27 de noviembre de 2007, 7,44; y el 22 de diciembre de 2008, 439,650. Las cantidades llegaban a la Agencia IDEA mediante transferencias de financiación.
No todas las modificaciones presupuestarias tienen que pasar por la reunión de los martes del Ejecutivo. El PSOE-A apuntó que deben contar con un informe de la Intervención, aunque esta aprobación sólo se refiere a la disponibilidad de crédito, sin entrar en su destino.
¿Conocían los consejeros los reparos del máximo órgano de control y aún así siguieron inyectando dinero a ese fondo? Esa es la pregunta que suscitó la polémica ayer durante el Pleno del Parlamento de Andalucía.
El líder del PP-A, Javier Arenas, le reprochó al presidente andaluz que el escándalo de los ERE fraudulentos «no terminaba en una dirección general, sino que empezaba y terminaba en el Consejo de Gobierno con Chaves y con usted». Calificó de «gravísimo» que no se tomaran medidas e incluso se aventuró a calificar la posible responsabilidad legal derivada de la actuación de ambos: «La juez lo califica como pasividad ante la probabilidad de menoscabo de fondos públicos».
De ahí, según el PP, que la instructora exija la entrega de las actas de todos los Consejos de Gobierno desde 2001, por si alguna desvela que se impuso alguna directriz política sobre el criterio técnico de la Intervención o si el Ejecutivo desoyó de manera intencionada sus recomendaciones.
Hasta siete informes recibió la Consejería de Economía y Hacienda –uno por año entre 2002 y 2008– con los reproches del órgano fiscalizador a la forma en la que se gestionaban los fondos de los ERE. También las Consejerías de Empleo y desde 2005, la de Innovación. El procedimiento no se ha cambiado todavía.