El PP pide cuentas al Gobierno por situar a sus «amigos» en los órganos reguladores

MADRID- El goteo de nombramientos en los principales organismos reguladores que arrancó el Gobierno socialista en la era de Pedro Solbes y que se ha intensificado desde la pasada Semana Santa ha provocado la indignación del PP.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los populares es la designación, el pasado viernes, de un juez muy vinculado a la Junta de Andalucía, Joaquín García Bernaldo de Quirós, como presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). El nombramiento no es baladí, ya que este órgano tendrá que decidir, por ejemplo, sobre fusiones y adquisiciones de empresas en sectores estratégicos para la economía española, en un momento en el que se atisba un posible cambio político tras las elecciones del próximo 20 de noviembre.

Se da la circunstancia de que, además de García Bernaldo de Quirós –presidente desde 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía–, el Ejecutivo designó también hace dos viernes en calidad de consejero para el mismo órgano a Luis Díez Martín, hasta ahora director de Gabinete de la Vicepresidenta Económica del Gobierno, Elena Salgado.

Criterios profesionales
De entrada, y como primera reacción, el PP tiene previsto formular este mismo miércoles una pregunta oral a la máxima responsable económica del país para que explique las razones de estos nombramientos. Como telón de fondo, los populares planean, en caso de que obtengan la victoria en los comicios, dar un giro de 180 grados a los organismos reguladores, con dos objetivos fundamentales: por un lado, reducir su número actual; por otro, modificar el vigente sistema de nombramientos, para que primen los criterios profesionales sobre los políticos a la hora de nombrar a los elegidos.

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, anunció ayer a este periódico dichas iniciativas y precisó que, cuando el PP llegue al poder, será el Congreso, y no el Ejecutivo, el que proceda a cubrir las vacantes en estos órganos entre personas de una trayectoria profesional notable. «El Gobierno socialista está utilizando los órganos reguladores como oficinas de colocación y pretende tenerlos bajo su control absoluto incluso después de que pasen las elecciones», criticó la portavoz de los populares en la Cámara Baja, quien criticó el uso que está haciendo el Ejecutivo de la Ley de Economía Sostenible para acometer algunos de estos cambios. «Se trata de una cacicada en toda regla; el Gobierno ha perdido todo el pudor a la hora de proceder a las designaciones», se lamentó Soraya Sáenz de Santamaría.

En la misma línea se pronunció Fátima Báñez, portavoz adjunta del Grupo Popular, quien recordó además que en este proceso de politización de los órganos reguladores el Gobierno está contando con la colaboración de los grupos nacionalistas. El 19 de abril, el PP presentó en el Congreso una proposición de ley relativa a la necesidad de dotar de independencia a estos organismos, claves para la actividad económica, tales como la propia CNC, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión del Sector Postal o la Comisión Nacional de la Energía (CNE), entre otros. Según la parlamentaria, este proceso acometido por el Gobierno viene de largo, pero se va acentuando a medida que llegan las generales.

Los nombres de la polémica
Los últimos nombramientos realizados por el Gobierno en los órganos reguladores han levantado la polémica. Éstos son algunos casos:
- Joaquín García Bernaldo de Quirós: el nuevo presidente de la CNC es un juez muy vinculado a la Junta de Andalucía.
- Luis Díez Martín: el nuevo vocal en la misma comisión era jefe de Gabinete deElena Salgado en la Vicepresidencia Económica.
- Bernardo Lorenzo: el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones era secretario de Estado de este ámbito, dependiente del Gobierno socialista.
- José Luis Rodríguez Álvarez: el director de la Agencia de Protección de Datos era jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia.