El fiscal no recurrirá el auto en el que Pedraz criticó a la clase política

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá finalmente el auto en el que el juez Santiago Pedraz archivaba la investigación contra ocho promotores del 25-S y tachaba a la clase política de decadente. El pasado viernes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que el Ministerio Público estaba estudiando la polémica resolución para dilucidar si existía alguna discrepancia «estrictamente jurídica» con su contenido. Pero tras analizar el auto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, ha descartado recurrirlo.

La Fiscalía entiende, según confirmaron fuentes jurídicas, que no es posible recurrir una resolución cuyo fondo jurídico comparte exclusivamente «por discrepancias con frases que no son muy afortunadas o que incluyen valoraciones políticas». Según esas mismas fuentes, si existe alguna posible responsabilidad disciplinaria en la actuación del juez instructor «debe ser el Consejo General del Poder Judicial quien la depure si así lo estima procedente».

Precisamente la comisión disciplinaria del CGPJ debe decidir si abre diligencias informativas contra Pedraz tras la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, que considera que el magistrado cometió una falta disciplinaria grave al incluir en su resolución «expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico», tal y como estipula el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El juez de la Audiencia Nacional aseguró en su resolución que las protestas estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión. «No cabe prohibir el elogio o defensa de ideas o doctrinas –insistía Pedraz– por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni menos aún prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la clase política».

El magistrado está ahora a la espera de que la jueza de Plaza de Castilla Rosario Espinosa le remita el auto de inhibición respecto a los 35 detenidos por los altercados del 25-S en las inmediaciones del Congreso. Pedraz deberá decidir entonces si los imputados cometieron o no un delito contra las Instituciones del Estado, el único que justifica la competencia de la Audiencia Nacional en el caso. La Fiscalía ya ha adelantado que sí observa indicios de la comisión de ese delito en cinco de los detenidos, los que intentaron saltar el perímetro de seguridad fijado por la Policía para proteger la sede parlamentaria. Si el juez rechaza la competencia, remitirá a los juzgados de Plaza de Castilla las diligencias y será el Tribunal Supremo quien dirima la controversia.

Nuevo cerco al Congreso
Tras las concentraciones de septiembre frente al Congreso, la Coordinadora 25-S convoca una nueva protesta para rodear la Cámara el 23, 24 y 25 de octubre, coincidiendo con el debate de los Presupuestos del Estado para 2013.