Bruselas pone en marcha un contrato único para toda la UE

La guerra contra la Gran Recesión tiene muchos frentes abiertos en la UE, y uno de ellos es el reforzamiento del Mercado Común para impulsar un crecimiento que no termina de despegar en Europa. Para dar alas a la mayor zona económica común del planeta, la Comisión Europea presentará hoy un nuevo contrato europeo para reforzar el comercio transfronterizo dentro de la UE.

Más de 26.000 millones de euros se pierden cada año por la fragmentación legislativa entre los veintisiete estados miembros. Sólo un 9,3% de las empresas comercian sus bienes en el mercado europeo ya que, según los cálculos de la propia Comisión, los costes de adaptarse a la maraña de corpus nacionales suponen hasta 10.000 euros por cada país en el que se aterriza. Por esta razón, la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, ha optado por crear un contrato europeo, que no sustituirá a los nacionales, pero por el que podrán optar los consumidores y también las empresas cuando realicen sus transacciones transfronterizas, sobre todo a través de internet.

Voluntario
Según dice el texto de la propuesta, al que tuvo acceso LA RAZÓN, este contrato europeo se aplicará si ambas partes aceptan «expresa y voluntariamente» para la venta de bienes, así como para los referidos a contenidos digitales (películas, música, programas informáticos o aplicaciones para móviles).

Bruselas destaca que será un gran apoyo para pymes como las españolas, ya que les facilitará las exportaciones. Además, con este nuevo contrato, si una empresa abusa de mala fe de la inexperiencia o falta de habilidad de la otra parte, el empresario perjudicado podrá anular el contrato, posibilidad que se puede aplicar sólo en muy limitadas circunstancias con la Ley española. Igualmente, las firmas más pequeñas podrán desvincularse de contratos abusivos impuestos por compañías mayores, si las «condiciones son injustas, se desvían de las buenas prácticas y son contrarias a la buena fe».

De hecho, según los datos de un eurobarómetro que se publicarán también hoy, el 79% de los negocios españoles asegura que utilizaría este contrato europeo si existiera, frente al 71% de media europea. Este apoyo general contrasta con el hecho de que un 39% de las empresas españolas no considera un obstáculo tan importante las diferencias legales entre los estados miembros.

Todos a favor
Hasta ahora, el camino por el que había optado la Comisión para derribar las barreras legislativas que segmentan el mercado interior era la armonización de las normativas nacionales. Un camino demasiado tortuoso, que probó sin mucho éxito la anterior comisaria de Consumo, Meglena Kuneva. «Hemos pasado a través de los límites de la armonización total, y ahora debemos intentarlo de una manera diferente», dijo la luxemburguesa. Es consciente de que entra en arenas movedizas, ya que el derecho contractual es una pieza sensible dentro de la soberanía nacional, pero «al ser la herramienta que permite las operaciones económicas, es un elemento muy importante para la creación de un mercado auténticamente único».

Por ejemplo, la sola compra de un libro en Amazon puede dar lugar a la aplicación de varias legislaciones nacionales. Por eso, la vicepresidenta subraya la claridad, la rapidez, el ahorro y la seguridad legal que traerá este contrato europeo para consumidores y empresas, además de su carácter optativo para no despertar recelos en las capitales, como los mejores avales para que su tramitación a través del Consejo y el Parlamento Europeo llegue a buen puerto.

Afecta a 500 millones de consumidores
El mercado único cumplirá en 2012 sus primeros veinte años de existencia. La europea es la mayor zona económica del mundo ,con 500 millones de potenciales consumidores, pero muchas de sus posibilidades están aún por desarrollar, y eso se echa en falta en momentos de vacas flacas, como los que se viven actualmente.

Beneficios para el consumidor español
El nuevo contrato europeo permitirá al consumidor, en caso de que los bienes entregados sean defectuosos, elegir entre la reparación, la sustitución, la reducción del precio o la cancelación del contrato de compraventa. En la actual legislación española, sólo se permite la reparación o sustitución, y sólo se autorizan las otras dos opciones cuando la reparación no sea posible o la sustitución no se pueda realizar dentro de un plazo razonable. Además, el consumidor tendrá acceso a un mercado mayor, lo que aumentará la competencia y reducirá los precios. La comisaria europea de Justicia tiene muy claro que el nuevo sistema «beneficiará a los consumidores y las empresas españoles».