El Gobierno reconoció en 2004 la misión de Irak como humanitaria

Esa determinación por participar en este conflicto chocaba de bruces con una de sus señas de identidad de hace ocho años, cuando encabezaba las manifestaciones del «No a la guerra». Conscientes de ello, todos los miembros del Gobierno se han empeñado en marcar profundamente las diferencias entre esta «intervención humanitaria» y la «guerra» de Irak, «ilegal e injusta».

Sin embargo, su actitud se topa con la realidad de los hechos, reflejada además en documentos oficiales como el marcado el 8 de noviembre de 2004 con el número 27986 en el Registro de Entrada del Congreso de los Diputados. En él, el Ejecutivo socialista –a través de la entonces vicepresidenta primera Teresa Fernández de la Vega y con la rúbrica de otros seis ministros– describía como «operaciones internacionales de paz y seguridad» las llevadas a cabo por tropas españolas en Irak. En un escrito dirigido al presidente de la Cámara Baja donde se reflejaban las «indemnizaciones a los participantes» en estas misiones, se recordaba asimismo que habían estado amparadas en las resoluciones 1441 (2002), meses antes de la tan criticada por los socialistas «foto de las Azores», 1483 (2003) y 1511 (2003). En esos documentos remitidos al Parlamento, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero señalaba que la participación española en Irak «se concretó en el envío de dos diferentes tipos de unidades con la misión de ayuda humanitaria y restablecimiento de la seguridad».

Es decir, que el PSOE, que se ha hartado de repetir el discurso de la «ilegalidad» del conflicto iraquí, rubricaba en documentos oficiales el carácter humanitario de una intervención que, por otro lado, estaba apoyada en 17 resoluciones de la ONU advirtiendo de la situación en Irak. La última de ellas, la referida 1441–con fecha de 8 de noviembre de 2002– amenazaba con «graves consecuencias» si en el plazo de siete días el régimen de Sadam no cumplía con todas las exigencias recogidas en esas 17 resoluciones. Fue aprobada por unanimidad.

En el caso de la guerra de Libia, una única resolución –la 1973– avala una intervención basada en la protección de los civiles, incluyendo la creación de una zona de exclusión aérea. Fue apoyada por diez naciones. Otras cinco se abstuvieron.

Pero no terminan ahí las incongruencias procedentes de las filas socialistas, pues respecto a las harto comentadas armas de destrucción masiva en Irak, el socialista Javier Solana, entonces Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, se pronunciaba así el 6 de febrero de 2003: «Sadam Husein está ocultando materiales que son peligrosos y por tanto esta situación no puede continuar (...). El objetivo es el desarme de Sadam de armas de destrucción masiva».

Después del 11-M, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sin esperar a a la resolución de la ONU de junio que se había comprometido a respetar, retiró las tropas de Irak, con la consiguiente humillación de nuestros soldados, de los que sus compañeros de misión se burlaron públicamente.

Estas tropas fueron enviadas tras la resolución 1483 de la ONU, aprobada un mes y medio después de la caída de Bagdad. Su misión, tal y como recalcaba la citada resolución, era la reconstrucción de Irak y el apoyo humanitario.

El despliegue de efectivos en la coalición que estos días bombardea posiciones de Gadafi comenzó a producirse un día después de la resolución de la ONU y tres antes de que Zapatero compareciera en el Congreso.