El escolta de su señoría por J A Gundín

Estos días andan muy revueltos los cenáculos judiciales por causa de que el Ministerio del Interior les ha retirado la escolta policial a sus señorías de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Al parecer, la irritación de algunos magistrados es de tal intensidad en la escala Richter que le han pasado un recadito al Gobierno del estilo «tomanos nota y aténganse a las consecuencias». A bote pronto, resulta difícil entender por qué unos altos funcionarios obligados a dar ejemplo público, según el recién adoptado «Test Dívar», se oponen a una medida que ahorra muchísimo dinero al erario público y permite que unos mil policías se dediquen a velar por la seguridad de todos los ciudadanos, y no sólo de unos pocos. Además, salvo que se sufra manía persecutoria, es mejor y más cómodo no tener escolta que ir adosado las 24 horas del día a una persona, por muy agradable que ésta sea, y en toda circunstancia: al salir de casa, en el trabajo, en el restaurante, en los urinarios, en el bar, de vacaciones, de visita a la suegra, en el cumpleaños de la cuñada, etc. Una lata, se mire por donde se mire.

Tampoco para el escolta es un plato de gusto vivir pegado como una lapa, con los peligros que su profesión conlleva, entre los cuales no es menos grave el que su protegido le tome afecto, por aquello de que el roce hace el cariño, y le invite a cenar a la luz de las velas. No creo que este sea el caso de los magistrados sublevados con Interior. La explicación es mucho más prosaica. Llevar escolta durante los años de plomo terrorista era una necesidad imperiosa, no sólo para los jueces y políticos, sino también para los empresarios, periodistas y profesionales amenazados. Los sacrificios, incomodidades y costes económicos que ello suponía se daban por bien empleados, pues lo primero es proteger la vida. Por fortuna, ETA boquea en retirada y la amenaza directa casi ha desaparecido. Si a ello se le suma el elevado gasto que supone el servicio de escoltas, parece que lo razonable es restringirlo hasta donde aconseja la prudencia, que es bastante. Y si hay altos cargos, jueces o magistrados que no lo entienden así, tal vez se deba a que, después de tanto tiempo, lo que empezó como una exigencia de seguridad se ha convertido en un estatus social que incluye coche oficial, chófer y escolta, tres en uno por cuenta del contribuyente. Renunciar a ciertas comodidades largos años disfrutadas no debe ser fácil. Por lo demás, en contra de lo que se susurra a media toga en la penumbra judicial, no parece que la hiperactividad a la que de repente se ha entregado la Audiencia Nacional para investigar demandas contra el Gobierno o personalidades del PP tenga que ver con el lío de los escoltas. Es pura coincidencia.