La familia de José Couso denuncia al Gobierno y a la Fiscalía

La familia de Couso asegura en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el contenido de los papeles de Wikileaks puede ser indicativo de "la existencia de una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la Administración Central del Estado y altos cargos gubernamentales españoles, por una parte, y funcionarios de una potencia extranjera por otra parte".

La demanda especifica que estos "funcionarios y dirigentes políticos españoles con funciones gubernamentales"-en referencia al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez- aceptaron "distintas indicaciones e instrucciones impartidas por funcionarios de los Estados Unidos con la finalidad de interferir en la independencia y las actuaciones de un poder constitucional del estado, el Poder Judicial, pertubando gravemente la instrucción de una causa judicial por el mero interés politico de los EE UU".

La familia de Couso indica que los fiscales "podrían haber actuado conforme a lo indicado por funcionarios de una potencia extranjera, causando asi perjuicio a ciudadanos españoles y a poderes constitucionales del Estado, y todo ello en claro detrimento de la soberanía nacional española y la independencia de nuestros poderes públicos".

"No han negado los hechos"
El escrito añade que, por el momento ni el Departamento de Estado de Estados Unidos ni los funcionarios o altos cargos gubernamentales españoles mencionados en los papeles de Wikileaks "han negado la veracidad de los hechos, habiéndose limitado a matizar lo publicado, negar la existencia de responsabilidades penales derivadas de sus actuaciones y restar importancia a dichas informaciones".

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Fiscalía, el hermano del cámara de Telecinco, Javier Couso, ha asegurado que la familia entiende que existen "una serie de indicios que pueden suponer un delito por parte de todos los que han aparecido en los cables de Wikileaks". En su opinión es el Ministerio Público el que de oficio "debe de corregir"esta actuación "tan lamentable"por parte de poderes del Estado.

Javier Couso especificó que su decisión de presentar la denuncia ante la propia Fiscalía se debe a que "debe haber fiscales que también se sientan insultados por el quebrantamiento del estatuto de la Fiscalía que se ha hecho". "Tenemos confianza en la Justicia y siempre la hemos tenido", añadió.