Automóvil
Las víctimas se quedan con el coche del infractor
La Fiscalía de Seguridad Vial estima que ordenará el decomiso de alrededor de 2.000 vehículos en los próximos meses de conductores que hayan cometido delitos de tráfico, es decir, desde grandes excesos de alcohol y drogas al volante, hasta homicidios o simplemente porque hayan sido sorprendidos conduciendo sin carné. Quedarse sin coche podrá ser incluso sustitutivo de una pena de cárcel, dependiendo de la gravedad del caso
Los jueces pueden ordenar el decomiso de coches desde ayer, cuando entró en vigor la última reforma del Código Penal en materia de seguridad vial que «permite ya a la DGT tener todo el apoyo jurídico» para combatir la siniestralidad, dijo el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.
Lo que Vargas dejó claro es que ninguna de las 1.500 personas que ahora cumplen condena por delitos de tráfico va a salir de prisión, aunque la nueva reforma penal haya convertido el decomiso en una pena alternativa. De hecho, la Fiscalía ya ha dado instrucciones para que los presos sigan cumpliendo su condena.
Venta rápida
La medida pretende reducir el número de reos y dar como alternativa el decomiso, la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad. Sólo estarán entre rejas «los que cometan los delitos más graves» o los condenados a más de dos años.
Una vez que el juez haya ordenado el decomiso, el coche se entregará de manera inmediata a las autoridades administrativas o entidades sin ánimo de lucro. En los casos de homicidio y lesiones imprudentes en los que no se haya indemnizado en su totalidad a la víctima, «se debe proceder a la venta rápida del vehículo y, si no es posible, transferir a la víctima la titularidad del vehículo por el importe en que se tase con la finalidad de que puedan utilizarlo como decida», aseguró la Fiscalía. Cuando hay restitución íntegra del daño causado el juez puede determinar que el coche tenga utilidad pública. Pone como ejemplo que el vehículo puede transferirse a entidades públicas para que lo utilicen con fines educativos, como el traslado de los niños a los colegios, su uso en clases de seguridad vial en colegios, a programas de deshabituación de alcohólicos, o de atención a lesiones medulares para su adaptación.
Situación económica
Vargas aseguró que también se tendrá en cuenta la situación económica del autor del delito de seguridad vial. Se valorará la situación económica de la persona que ha cometido el delito. De este modo, la propiedad de vehículos de alta gama se tendrá en cuenta como una señal de buena situación y de que se puede practicar el decomiso. «Vamos a fijarnos en ellos», avisó Vargas. Si no es con el coche, la Fiscalía podría incluso quedarse con otros bienes de los infractores para evitar el fraude.
La reforma del Código Penal en vigor desde ayer también permite la entrega del vehículo sin necesidad de esperar a la sentencia «de modo inmediato desde la incautación.
La Fiscalía de Seguridad Vial también prevé que al menos el 25 por ciento de los conductores pueden dar positivo en los test de drogas que ya pueden realizar los agentes de la Guardia Civil. De éstos, más del 50 por ciento se prevé que sean por cannabis y el 45 por ciento por cocaína. La negativa al test será sancionado con penas de seis meses a un año de cárcel, según la nueva normativa en vigor.
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