Condenados a subir impuestos y tasas

MADRID- Los ayuntamientos españoles aumentan su deuda anualmente a un ritmo aproximado de 2.000 millones de euros por ejercicio en la última década. Incluso más en 2008 y 2009, años en los que el incremento fue de 2.325 y 2.877 millones de euros, respectivamente. La imposibilidad de recurrir a la financiación a largo plazo y tener que cancelar las operaciones a corto para cubrir las necesidades más inmediatas el 31 de diciembre de cada año no deja muchas posibilidades a las corporaciones locales para allegar recursos. O realizar «significativos y perdurables recortes del gasto en sus próximos presupuestos», como recomienda el último informe de la agencia de calificación de solvencia Standard & Poor's o subir impuestos y tasas, lo que parece más cercano. El IBI, el impuesto sobre actividades económicas o el impuesto de circulación, así como la tasa de recogida de basuras, vados o de ocupación de suelo público peligran para el próximo año. Las ciudades no podrán recurrir a la financiación del exterior en 2011 ni a los préstamos bancarios, que representan el 91,8% de su deuda actual. Las consecuencias llegarán en forma de aplazamiento de las inversiones y en un más que probable aumento del déficit en 2010, al disponer de siete meses –hasta final de año– para asegurar la financiación necesaria hasta el 1 de enero de 2012.La manga ancha de 2010Las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público referidas a las corporaciones locales chocan clamorosamente con la política que hasta antes de ayer practicó el Gobierno. En los Presupuestos de 2010 avaló, de hecho, que con carácter excepcional los ayuntamientos pudieran elevar su deuda del 110% del total de sus ingresos hasta el 125%. Pero es que, hace poco más de un año, el Ejecutivo también autorizaba a las corporaciones locales, al amparo del Real Decreto 5/2009, que pudieran realizar operaciones de endeudamiento que según estimaciones de Economía podían ascender en su conjunto a unos 11.000 millones. Los grandes paganos del recorte drástico en los recursos de los gobiernos locales serán sus proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas. En esto coinciden los empresarios y el principal partido de la oposición. El PP inició ayer su rebelión contra esta nueva medida improvisada para ajustar el déficit. Como argumentos, la afirmación de que es una paradoja que el Gobierno impida a los ayuntamientos pedir créditos para recortar el gasto después de derrochar 13.000 millones en el Plan E, 5.000 de ellos en este mismo año. En la reunión que ayer celebró la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el PP reclamó que la anulación del decreto se extienda hasta 2011, según explicó a este periódico el portavoz popular Fernando Martínez Maillón. Hasta ahora el Gobierno no ha aprobado ninguna norma tan restrictiva en la prohibición del acceso al crédito para las comunidades y para el Estado, pese a que la administración local es la que tiene menos déficit (un 0,5% frente al 2,2% de las comunidades y el 9,5 por ciento de la Administración General del Estado). Comunidades como Valencia amenazan con llevar esta «chapuza» al Tribunal Constitucional.