El triunfo de «La Dama de la Paz»

PEKÍN- Si por algo se caracteriza la Junta Militar birmana, una de las dictaduras más feroces de Asia, es por actuar siempre de espaldas al pueblo, sin preocuparse por la opinión pública, silenciando cualquier voz crítica y aplastando a las minorías étnicas, con las que mantiene una guerra de baja intensidad desde hace décadas. Por eso resulta inaudita la decisión anunciada ayer por el presidente y jefe del Ejército Thein Sein, que dio su brazo a torcer frente a la presión popular, encabezada por la mítica opositora y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. En una carta leída en el Parlamento, el general renunció a la construcción de la presa de Myitsone, una gigantesca obra de ingeniería fluvial financiada por el Gobierno chino y con la que el régimen militar pretendía hacer caja. El proyecto preveía instalar una enorme barrera de hormigón en el nacimiento del Irrawaddy, río que nutre las fértiles tierras birmanas y que es un símbolo de identidad de la nación. Para ello, era necesario desplazar a decenas de miles de campesinos y alterar el equilibrio ecológico, algo que habría condicionado las cosechas, la pesca y la vida de cientos de miles de personas a lo largo del cauce. Por su fuera poco, la energía generada apenas mejoraría el abastecimiento energético de un país que vive prácticamente a oscuras, sino que iría a parar a la región china de Yunan.

Desde que su construcción fue anunciada en 2006, el proyecto ha sido combatido por los rebeldes kachin, una de las minorías levantadas en armas contra el Gobierno y cuyos poblados se habrían convertido en las primeras víctimas de los desalojos. A la causa se han ido sumando después otras fuerzas opositoras. El discurso ha calado entre la población, aderezado con componentes nacionalistas que interpretan la construcción de la presa como un expolio autorizado del recurso natural más sagrado: el Irrawaddy. Lo cierto es que en los últimos años el sentimiento anti-chino se ha disparado, a medida que aumentan las ambiciones estratégicas del gigante asiático en la región. La marcha atrás de los generales, quienes aseguran haberse inspirado para su decisión en los deseos del pueblo, ha sido también interpretada como un nuevo gesto de aperturismo. En medio del escepticismo general, la Junta lleva años prometiendo aperturas democráticas.

A finales del 2010 celebró unas turbias elecciones y acabó con el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi, quien había pasado 15 de los últimos 20 años encerrada. Desde entonces, «la Dama» se ha volcado en la actividad política, recorriendo el país y adoptando un discurso conciliador con el que intentar sacar adelante la transición democrática sin derramamientos de sangre.

Uno de sus portavoces, Nyo Mynt, aseguró ayer a LA RAZÓN que la cancelación del proyecto hídrico es una «victoria de todos los birmanos», ya que «muestra que el Gobierno está escuchando a la opinión pública». En su opinión, los generales temen desde hace meses que se produzca una insurrección popular al calor de la «primavera árabe». Mynt también confesó su preocupación por la reacción del Gobierno chino. «Deben de estar muy enfadados, pero tienen que aprender que a partir de ahora los birmanos vamos a intentar construir nuestro propio futuro».

¿Aperturismo u oportunidad?
La «transición disciplinada hacia la democracia» emprendida por la Junta birmana hace dos años no ha conseguido convencer a nadie. La reforma constitucional, la farsa electoral de noviembre del año pasado y las discretas aperturas hacia una economía de mercado han sido interpretadas por opositores y diplomáticos occidentales como una estrategia para perpetuar una jerarquía militar que lleva medio siglo en el poder. En los últimos meses, sin embargo, algunos analistas insisten en que se están percibiendo cambios sustanciales en la escena política y social. La relativa tolerancia mostrada con la Liga Nacional para la Democracia (el partido de Aung San Suu Kyi) y el diálogo abierto con decenas de opositores, han traído nuevas esperanzas. Fuentes diplomáticas aseguran que los generales parecen dispuestos a dar más libertades a los birmanos, siempre que puedan mantener el control asegurándose puestos clave en los órganos de decisión y monopolios en sectores estratégicos de la economía.