IU ofrece su versión más radical

Sevilla- La jornada de huelga general acabó ayer en la comunidad andaluza con doce detenidos y siete personas heridas, entre los que se encuentran cuatro policías nacionales. Como es habitual a la hora de valorar los datos de seguimiento, las cifras fluctuaron. Así, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, calificó el poder de convocatoria de «medio o medio-bajo» al ser éste inferior al 50%, mientras que CC OO y UGT elevaron esta cifra hasta el 80%. En cuanto a las manifestaciones pasó una situación similar, ya que el Gobierno limita a 100.000 personas los participantes y los sindicatos aseguran que salieron a la calle medio millón.
Tanto Crespo como los líderes de las formaciones sindicales, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, se acusaron, por un lado, de obstaculizar el funcionamiento de los servicios mínimos acordados por parte de los piquetes informativos, y por otro, del importante despliegue policial que, según estos últimos, tuvo «tomada prácticamente Andalucía», que sufre un 35% de paro.

Por su parte, el Gobierno andaluz vivió una jornada inédita en treinta años al no haber actividad parlamentaria y al reducirse la del Consejo de Gobierno a unos «servicios mínimos» que se tradujeron en un encuentro entre el presidente José Antonio Griñán y las consejeras de Presidencia e Igualdad, Hacienda y Administración Pública, Salud y Educación en un despacho para seguir la huelga en la Administración autonómica. Como ya habían anunciado en los últimos días, los miembros del Ejecutivo andaluz pertenecientes a IULV-CA se sumaron a las movilizaciones. Junto al vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, también salieron a la calle la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y su homólogo de Turismo, Rafael Rodríguez. Según Valderas, su presencia en la marcha de la capital andaluza se justifica como trabajador, coordinador general de IU y como «hombre que en la responsabilidad del Gobierno ejerce claramente la lucha al mismo tiempo que gobierna, así como para defender los intereses de la mayoría social». Al mismo tiempo, en Córdoba, Cortés se mostró más contundente que el número dos del Ejecutivo de Griñán, tras asegurar que participó en la huelga debido a la existencia de «una reforma laboral profundamente injusta, que va a provocar un mayor desempleo, un mayor empobrecimiento de la población y, por tanto, un aumento de los desahucios».

Estas declaraciones de IU están en plena consonancia con el espíritu que este partido ha alentado tanto a sus militantes como cargos públicos durante los días previos a la movilización. De hecho, en un documento interno, recordaba que tenían «la obligación política y moral de estar con los piquetes, a disposición de las organizaciones convocantes de la Cumbre Social y ayudando a explicar los motivos sobrados que justifican esta convocatoria».

Los militantes y cargos de IU asumieron las directrices del partido y varios de ellos participaron en enfrentamientos con la Policía. Fue el caso de la portavoz adjunta de este grupo en el Parlamento, Alba Doblas, que iba en el piquete de Cortés en la capital cordobesa, y a quien el Sindicato Unificado de Policía (SUP) acusa de «valerse» de su condición de diputada autonómica durante la detención de un alto cargo provincial.

Todo sucedió después de que José Manuel Rincón, del comité de Córdoba, increpara a un conductor en una calle peatonal. Una vez que llegaron los agentes, que finalmente detuvieron a Rincón, quien fue puesto en libertad con cargos, Doblas se identificó ante ellos como miembro de la Cámara andaluza. Una actitud criticada por el SUP, que señala que los «miembros de los piquetes informativos deben comportarse en igualdad de condiciones que el resto». Doblas respondió que lo hizo «para no generar dudas» y para exigir a los policías que se indentificaran, aunque al final «no lo hicieron».

No fue éste el único de los incidentes de cargos públicos de IU. En Cádiz, a un edil de Chipiona se le tomó declaración después de que un hermano suyo sellara la cerradura de un instituto de esa localidad para tratar de impedir la entrada de los profesores y alumnos. Fuentes del partido aseguran que tan sólo estaba en los alrededores pegando carteles y que no participó en los hechos. Por otro lado, la Policía Local del Rincón de la Victoria (Málaga) identificó al diputado provincial de IU Pedro Fernández Ibar mientras participaba en un piquete que portaba material para sellar cerraduras. Todas las personas de ese grupo, entre las que se encontraba, llevaban mochilas en cuyo interior había cadenas, candados, palillos de dientes y pegamento.

Seguimiento dispar
En cuanto a la participación, según datos aportados por la Delegación del Gobierno, el consumo eléctrico cayó durante las primeras horas de la madrugada un 12,1%, respecto al pasado miércoles, una cifra por debajo de la registrada en la convocatoria del 29-M. En los mismos términos se situó el del gas, que sufrió una bajada del 17,9%, respecto a la semana pasada, muy por debajo de la caída registrada en el resto del territorio nacional, que fue de un 23,6%.

En cuanto al sector público andaluz, a primera hora de la mañana el balance era de un seguimiento del 18,25%. Así, en administración, agencias administrativas y de régimen especial fue del 19,52%, en el sector público empresarial (42,31%), Justicia (23,68%), Educación (23,37%) y Sanidad (10,65%). La consejera de Presidencia, Susana Díaz, consideró que el miedo ha podido en muchos de los trabajadores de la comunidad y puso como ejemplo que el seguimiento en los servicios sanitarios concertados fue del 1,32%, mientras que en las empresas públicas se elevó al 21,7%. También cerró el Puerto de Algeciras, el recinto monumental de la Alhambra, se cancelaron 27 vuelos y cuatro magistrados, de los 800 jueces que hay en toda la comunidad, la secundaron. En el campo, la organización agraria Asaja destacó la «normalidad» de la jornada y calificó el seguimiento como «prácticamente nulo». Más afectados se mostraron en la Confederación Empresarial del Comercio Andaluz (CECA), que cifró las pérdidas en 20 millones de euros, pues aunque abrió el 90% de las tiendas la presencia de público fue testimonial.