El Constitucional estudia suspender la Ley del Aborto

El PP reitera que es preciso frenar la aplicación porque «sus consecuencias serían irreversibles». 

El TC admite a trámite el recurso del PP a la ley del aborto
El TC admite a trámite el recurso del PP a la ley del aborto

El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite los recursos presentados contra la Ley del Aborto. Tanto el Partido Popular como el Gobierno de Navarra habían impugnado la norma, que entra en vigor el lunes, con base en la doctrina del propio Tribunal, que en 1985 sentenció que el no nacido es un bien que merece protección jurídica. Con base en esta sentencia, el PP también solicitó que la ley se suspenda de forma cautelar, es decir, que no se llegue a aplicar, al menos, hasta que el TC decida si la conocida como «ley Aído» se ajusta o no a la Carta Magna. Pues bien, ahora el TC ha comenzado a estudiar esta posibilidad y, en los próximos días, decidirá si, finalmente, la norma se llega a aplicar. Antes, dejará al Gobierno defender la norma que permitirá el aborto libre hasta los tres meses y medio de gestación.La decisión del Constitucional no ha sido la esperada, y ha hecho apuntarse un tanto al PP y a Navarra. Si bien la admisión a trámite era de esperar (es obligada cuando se trata de un recurso a una ley orgánica, como es el caso, o cuando es el Ejecutivo el que lo interpone), lo que no estaba tan claro es que fuera a estudiar la suspensión de la aplicación de la nueva ley. Contra relojSin embargo, no sólo no ha desestimado la petición, sino que el Constitucional ha dado tres días (hoy, jueves, mañana y el lunes) al Gobierno y al Congreso para que expliquen su postura y presenten alegaciones. Después, los miembros del TC decidirán.La Cámara Alta ya aclaró ayer que, por su parte, seguirá su política de no presentar ninguna alegación. Enviará al Constitucional una respuesta tipo y renunciará a defender la ley. Así que el Gobierno se queda solo en su defensa de la constitucionalidad de la medida estrella del Ministerio de Igualdad, y ayer ya adelantó que lo hará. La principal artífice de la norma, la ministra Bibiana Aído, aseguró «no tener duda» de que su norma se ajusta a la Carta Magna. A su juicio, se trata de una normativa «garantista», que «respeta totalmente los límites marcados en su día» por el Tribunal y va en línea «con lo que tienen establecido las distintas legislaciones europeas», informa Efe.«Hablamos de vidas»Los autores de los recursos tienen una visión radicalmente distinta. El Partido Popular ha pedido que se eliminen ocho preceptos de la norma (artículos. 5.1 e, 8 «in limine» y letras a y b, 12, 13.4, 14, 15 a, b y c, 17.2 y 5, 19.2 párrafo primero y disposición final segunda). Pero, en su opinión, «lo más urgente es que el TC se pronuncie sobre la suspensión cautelar de la ley, porque entra en vigor el lunes». Así lo explicó ayer a este periódico la portavoz del PP en la Comisión de Igualdad del Congreso, Sandra Moneo. Afirmó que los magistrados deben «hacer una reflexión, porque si no se hace nada y, luego, sentencian que la norma no es constitucional, las consecuencias de su aplicación habrán sido irreversibles», pues «hablamos de vidas», recordó.También los grupos pro vida, que ultiman una concentración frente a la sede del TC, en Madrid, este sábado, aprovecharon ayer la decisión del Alto Tribunal para reclamar a sus responsables «que sigan su propia doctrina». En un comunicado emitido por Hazte Oír, reclamaron «que se tenga en cuenta al nasciturus como bien jurídico a proteger», citando, una vez más, la sentencia de 1985.Pese a la coincidencia en los argumentos, el PP no irá esta vez de la mano de los grupos antiabortistas en su protesta. Aunque algún miembro del partido, como el diputado Ángel Pintado, ha confirmado que acudirá a la concentración del sábado, a las 12:00 de la mañana, lo hará sólo a título personal. En principio, la dirección del partido no enviará una representación oficial a la concentración. Incluso, destacados dirigentes, como el vicepresidente del Congreso, Jorge Fernández Díaz, que han acudido a manifestaciones contra el aborto con anterioridad, no lo harán en esta ocasión, pues consideran que podría verse como un acto de presión al Alto Tribunal.Mientras el Gobierno formula alegaciones y los pro vida protestan en la calle, la Ley de Salud Sexual entrará en vigor el próximo lunes. Desde entonces, y hasta la posible suspensión cautelar, se aplicará, pese a los cabos sueltos que aún persisten y a la falta de preparación de algunas comunidades autónomas.Todo listo para la última protestaUn centenar de entidades y asociaciones pro vida han convocado una concentración para el sábado a las 12 ante la sede del Tribunal Constitucional. El acto se prolongará durante una hora y, en representación de todos los convocantes, Alicia Latorre, presidenta de la federación de Asociaciones Provida, leerá un manifiesto. El Foro de la Familia portará una pancarta de alrededor de 60x20 que recordará el artículo 15 de la Constitución que asegura el derecho a la vida.Una norma polémica y permisivan Seguridad jurídica. Las mujeres que se sometan a un aborto ilegal no irán en ningún caso a prisión y quien lo practique ve las penas atenuadas. 115.812 abortos en 2008 notificados- Plazos e indicaciones. El aborto es libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 si existe malformación del feto o riesgo para la salud de la madre. Hasta el final del embarazo, es posible abortar si existe malformación muy grave o incompatible con la vida. - Sanidad pública. Las mujeres tendrán derecho a someterse al aborto con cargo a la sanidad pública. - Educación. La educación sexual se impartirá como obligatoria en las escuelas.14.939 adolescentes abortaron en 2008- Objeción de conciencia. Se limita al profesional que practica directamente la interrupción del embarazo.- Prevención. La sanidad pública financiará los anticonceptivos.