Sueldos y salarios por J R Pin Arboledas

Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 son austeros. Se nota desde el Capítulo I: sueldos y salarios. No podían ser de otra forma. Los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas (autonomías y ayuntamientos) no pueden tener otro tratamiento. En muchas de ellas, especialmente en los ayuntamientos, este capítulo supera el 50% del gasto total. Por tanto, según la conocida regla de Pareto (el 80% de los efectos se debe al 20% de las causas), una reducción de gastos tiene que empezar por las partidas más grandes. Eso lo saben tanto en el sector público, como en el privado. No queda más remedio. En caso contrario sería muy difícil llegar al objetivo de déficit público pactado con la UE, para 2013; eso tendría como consecuencia el desprestigio de España y su incapacidad para financiarse. Entonces, sí que se reducirían los Capítulos I de las administraciones: a la fuerza, que es lo peor para los empleados públicos.

Congelación de sueldos reducción paulatina de empleados públicos
La reducción del Capítulo I se puede hacer de dos maneras: a) reduciendo los salarios; b) reduciendo los asalariados, en este caso, empleados públicos. El Presupuesto del Estado opta por una medida intermedia. No reduce los sueldos, pero los congela. No reduce los empleados públicos, pero tampoco los repone a todos cuando dejen el servicio. Parece que la tasa de reposición (número de empleados públicos nuevos por empleados que salen) será baja (el 10% en el Estado). Con ello se pretende una disminución paulatina, sin traumas, del número de empleados públicos. La oferta pública de empleo será mínima. Se congelarán las oposiciones.

 La realidad es que durante la crisis (2008/2012) se contrataron más de 300.000 empleados públicos nuevos. Muchos en autonomías y ayuntamientos. El Capítulo I de esas administraciones tendrá que reducirlos de manera un poco más rápida. La consecuencia será el aumento del paro y la reducción de las oportunidades trabajo en las administraciones para los que entran en el mercado laboral y desempleados. Es posible que eso haga que la cifra de paro en el primer trimestre de 2013 alcance los Seis Millones de personas (según la EPA).

Reducir un asalariado es mucho más que reducir un salario
No queda otro remedio. Reducir un asalariado en el sector público es mucho más que reducir su salario, supone eliminar gastos de oficina, despacho, electricidad, ordenadores, papeleo… Y, si es un alto cargo, no digamos: secretarias, auxiliares, incluso chófer y coche en muchos casos. Un salario menos puede ser un salario y medio o más de ahorro real. Eso exigirá una reformulación de la Administración para que sea más eficiente. Introducción más a fondo de nuevas tecnologías y nuevas formas de gestión. Es el reto de toda organización moderna: hacer más con menos. Se llama: eficiencia, productividad y competitividad. Nuestra Administración no puede ser ajena a este desafío. En ese sentido, el nuevo organismo de seguimiento de los gastos de las administraciones públicas debe actuar, tanto como unidad de control, como de unidad de asesoramiento para ayudar a realizar esa transformación que necesitan todas ellas. La consecuencia es que si se realiza el proceso como parecen apuntar los Presupuestos, dentro de unos años, al final habrá menos empleados públicos, más eficientes y, por tanto, mejor pagados. Los ciudadanos tendrán mejores servicios con menos impuestos, y los empleados públicos estarán mejor considerados, más motivados y satisfechos con su utilidad. Además, el sector privado dispondrá de más recursos para generar trabajo. Para todo ello, se necesita que todos nos empeñemos. Eso sí nos sacaría de la crisis. Lo demás son quimeras (Majestad dixit).