Zaragoza

Lo que calla Tomás Gómez

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, intenta defender la actuación de Trinidad Rollán haciendo pasar lo que fue un delito de prevaricación como un simple «error administrativo». El TSJM no debió opinar lo mismo cuando condenó a Rollán a ocho años de inhabilitación de cargo público.

 
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No obstante, Gómez ha reiterado hasta la saciedad que su «número dos» no es una corrupta, pese a las evidentes irregularidades. No hay que olvidar que, tal y como recoge la sentencia del TSJM, en 2001 cuando Rollán ocupaba la alcaldía de Torrejón de Ardoz, el pleno del Ayuntamiento votó a favor de una permuta que en realidad estaba fuera de los parámetros de la legalidad. El Consistorio pasó por alto el obligado trámite del concurso público para adjudicar «a dedo» unos terrenos a una empresa que pertenece a un grupo no exento de sospechas y dudas en su historial. A pesar de que el Secretario Municipal comunicó el delito que se podía estar cometiendo, la corporación del Consistorio procedió a la adjudicación al Grupo Bruesa, a través de «Patrimonio Siglo XXI», de los terrenos. El grupo es un viejo conocido de los socialistas en varias comunidades autónomas donde ha dejado su impronta. Fue en 1994 cuando se catapultó al punto de mira tras destaparse el «caso Roldán», siendo así una de las empresas, junto a Construcciones Salinas, más beneficiadas en la adjudicación de contratos de obras de la Guardia Civil. También puso sus miras la constructora en la isla de Ibiza y en 2007 salieron a la luz unas grabaciones que descubrieron el supuesto pacto al que habría llegado el PSOE para recibir el pago de una comisión de un millón y medio de euros. El asunto saltó a los medios y llegó a los tribunales. En Zaragoza, el mismo grupo recibió adjudicaciones de unos 200 millones de euros en cinco años por parte del gobierno de Marcelino Iglesias y ante la falta de claridad de estos contratos, el PP pidió que se llevara a cabo una comisión de investigación que nunca llegó a celebrarse. Lo mismo ocurrió en Jaén y en Gijón, donde algunas adjudicaciones se llevaron a cabo con carácter urgente y sin publicidad. En la capital asturiana, la constructora Gesai del Grupo Bruesa, adquirió los terrenos de la ciudad deportiva de Mareo con opción de recompra. Para ello, el Club Sporting de Gijón habría recibido 1,8 millones de euros por la operación. Más tarde pagaría otros 6 millones por otros terrenos, cuyo desembolso ayudaría a los problemas económicos que estaba sufriendo el equipo rojiblanco.