Bildu aprobó el vídeo proetarra tras ser avisado de que era ilegal

MADRID- El Gobierno de San Sebastián, que concedió el pasado viernes 9.000 euros para subvencionar el vídeo de «Ventanas al Interior» que narra la historia en la cárcel de cinco presos de ETA, podría haber incurrido en prevaricación. Según ha podido saber LA RAZÓN, durante la Junta de Gobierno del viernes, el secretario del Ayuntamiento realizó su función de advertir al Gobierno local de que la aprobación de dicha partida podría contravenir la ley de víctimas del terrorismo y por tanto, caer en la ilegalidad. Está dentro de la tónica habitual que el interventor, secretario u órgano jurídico hagan este tipo de advertencias antes de adoptar una decisión. Lo normal es que tras la advertencia se aplace la votación para solicitar los informes pertinentes que confirmen o descarten su ilegalidad. Pero la Junta de Gobierno desoyó esta advertencia y tras dar las gracias, aprobó las subvención. De esta forma, según el Código Penal, el órgano de Gobierno de San Sebastián podría haber incurrido en un delito de prevaricación. En concreto el artículo 404 del Código Penal indica que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años».

En la junta de portavoces de ayer, los grupos de la oposición –PP, PSE y PNV– se unieron para presentar una moción que se debatirá en el próximo Pleno, a través de la cual instan al Gobierno local de Bildu a que no conceda ninguna ayuda o subvención en materia de Derechos Humanos –como la otorgada para el vídeo de los presos de ETA– sin que sea debatida en la comisión especial correspondiente. Además, se reclama al Gobierno local que la concesión de esas subvenciones se haga «cumpliendo, en todo momento, con los objetivos fundacionales» de la Comisión especial de Derechos Humanos. Los distintos grupos volvieron a mostrar su repulsa ante la decisión tomada, pero Bildu subrayó su postura porque «quieren explicar la realidad social de las víctimas del conflicto». Es decir, la de la banda terrorista ETA. Además, acusaron a los distintos grupos de estar «alimentando una política estéril» y directamente de ser los responsables de las cartas que están llegando al consistorio contra el Gobierno municipal.

«Estrategia política»
Los portavoces de PSE, PNV y PP, Ernesto Gasco, Eneko Goia y Ramón Gómez, respectivamente, indicaron que la ayuda a este documento no responde a la «inquietud cultural» de promocionar el cine en euskera, sino que «obedece a la estrategia política defendida por Bildu y por la izquierda abertzale en relación a los presos de ETA, las víctimas y la normalización política». Además, explicaron que están denunciando una situación que les parecía «indigna e injusta», ya que no se tiene que pagar, del dinero público que le cuesta a los ciudadanos algo así. Los ataques de Bildu llegaron para todos los portavoces, también para el del PNV, al que Bildu respondió: «¿A dónde va a ir el PNV?»

Al portavoz del PP, Ramón Gómez, al ser del mismo partido que el ministro del Interior, le acusaron especialmente de ser quien está llevando el debate de la ilegalización de Bildu, aunque el edil popular recordó que el fundamento jurídico 15 de la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu es en lo que se basa Jorge Fernández para considerar que podría haber «indicios de ilegalización». Ante eso no hubo respuesta de la coalición abertzale. La advertencia de Interior no ha hecho que ninguno de los concejales de Bildu se retracte, ya que tras la legalización de Sortu «están más crecidos», destacó Gómez.

Lo que dice la ley
Prevaricación

El Código Penal indica entre los delitos contra la Administración Pública el de prevaricación.

Art. 404: «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años».

RAJOY A URKULLU: EL ÚNICO CAMINO ES LA LEY
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aseguró ayer que el «discurso» de Amaiur, que consideró que las detenciones de dos presuntos etarras van en la dirección contraria a la del final del «conflicto» vasco, debería estar superado. Tras mantener una reunión con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, éste reiteró que no dará paso alguno fuera de la legalidad.