Dinero público para enseñar magreo

MADRID- Después de la batalla judicial que levantó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ahora la educación sexual que pretende introducir el Gobierno en las escuelas, como desarrollo de la Ley del Aborto, promete llenar otra vez de recursos los juzgado cuando empiece a aplicarse.El Foro Español de la Familia tiene previsto iniciar en los próximos días una campaña informativa por toda España, dirigida a un millón de padres y profesores, por el «ataque a la libertad de pensamiento» que suponen los once primeros artículos de la Ley del Aborto en materia de educación sexual.El presidente de esta organización, Benigno Blanco, ya anunció ayer, durante la presentación de la campaña «la sexualidad sí importa, sin ningún género de duda», que «se encauzarán las demandas o denuncias que procedan cuando en la escuela se intente imponer, desde la Administración, una determinada visión de la sexualidad».Según Blanco, «los primeros artículos de la Ley del Aborto suponen un nuevo ataque de carácter ideológico al derecho de los padres a educar en libertad a sus hijos en una materia de tan alta sensibilidad como es la formación afectiva y sexual». «Van a gastar dinero público para enseñar sobre magreo y sobeo sin preguntar a sus padres», concluyó Blanco, indignado también por iniciativas de Administraciones como la Junta de Andalucía sobre educación sexual.El director del Foro, Ignacio García-Juliá, explicó que, ante los cambios que se avecinan, se ha creado ya un Observatorio sobre el Adoctrinamiento de Género (OAG). Con él se pretende «apoyar, denunciar y asesorar jurídicamente a las familias que necesiten defender sus libertad frente a la inadmisible imposición ideológica que pretende manipular el sistema educativo español al servicio de la ideología del partido del Gobierno. La portavoz en materia de sexualidad del Foro, Amaya Azcona, criticó las campañas que ha venido realizando hasta ahora el Gobierno en este terreno. «Se resumen en enseñar el uso del preservativo y otros medios anticonceptivos, facilitar el acceso a los anticonceptivos de emergencia y al aborto como un recurso más al que los jóvenes pueden acogerse cuando todo lo anterior falle».Blanco solicitó, por otro lado, al Tribunal Constitucional que «déprioridad absoluta» al recurso presentado por el PP contra la Ley del Aborto, ya que la aplicación de esta norma «provoca efectos irreparables».Es por este motivo por el que pidió ayer al Alto Tribunal que, de forma cautelar, suspenda la aplicación de la ley de forma cautelar, teniendo en cuenta, además que existe una presunción de inconstitucionalidad.

Neutralidad por encima de todoLa educación sexual que se pretende implantar en las escuelas «es incompatible con la neutralidad ideológica que en esta materia se debe exigir a las Administraciones Públicas y con el pluralismo ideológico y religioso que garantiza la Constitución», dice el Foro de la Familia. Algunas autonomías han editado guías de información sexual para jóvenes que han levantado una enorme polémica.