Cuatro de los nuevos intrusos figuran en Mercasevilla y otro de IU en Egmasa

Sevilla- Los 33 nuevos «intrusos» en la trama de los expedientes laborales que desveló el jueves el consejero del ramo, Manuel Recio, y que elevan la cifra a 70, comienzan a tener nombre y apellido. Cuatro de ellos fueron incluidos irregularmente en el polémico ERE de Mercasevilla del año 2007. Otro de los que se «coló» en un expediente irregular es Antonio García Márquez, exconcejal de IU-CA en el Ayuntamiento onubense de Almonte y miembro de CC OO, según indicaron a Europa Press fuentes de la investigación.
García Márquez habría sido prejubilado en la Empresa Pública de Gestión Medio Ambiental Egmasa presuntamente de forma irregular, tras un despido declarado improcedente. Se trata del primer prejubilado irregular con una adscripción política distinta a la del PSOE.
En cuanto a Mercasevilla, el propio ERE de 2007 de la sociedad mixta figura entre las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya en cuanto al posible delito societario perpetrado en la gestión de este mercado participado mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense. En el ERE del año 2007 ya figuraba como «intruso» el exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo. En el primer expediente de Mercasevilla, en el año 2003, también se incluyó ilegalmente en un principio a Carmen Fontela. La operación no funcionó y el «conseguidor» Juan Lanzas y el comercial de Vitalia Francisco José González la consiguieron «colar» en el ERE de Río Grande, del año 2005, para repartirse mensualmente la póliza. Fontela denunció el caso y no ha cobrado ni un euro de la póliza.
Los trabajadores de Mercasevilla prejubilados en el ERE de 2007 son, según recordó a Europa Press el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO): Fernando R., José Luis T., Antonia H. y Eduardo C., si bien Domínguez había defendido estas prejubilaciones porque tal posibilidad figura «en el acuerdo» del procedimiento.
El juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, como es sabido, investiga una supuesta «trama» de prejubilaciones fraudulentas en numerosos expediente de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas e incentivados a través de los 647.869.157,45 euros librados por la Junta de Andalucía para respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula cuestionada por la Policía Judicial, que apuntó en su informe una vulneración de la Ley de Hacienda. Desde el año 2001 hasta el 2009 las partidas no fueron publicadas en el BOJA ni pasaron por el Consejo de Gobierno.
Estos procedimientos gozaban de financiación pública a través de las partidas libradas para este tipo de crisis empresariales por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y luego de la empresa IDEA, gracias a un acuerdo rubricado a tal efecto con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía. El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, fue el que habló por primera vez ante la Policía de la existencia de un «fondo de reptiles».