Un alcalde del PSC cuestiona la inmersión lingüística

Barcelona-La candidata por Barcelona a las elecciones generales del 20-N, Carme Chacón, fue una de las primeras voces socialistas que, después de que el Tribunal Supremo obligara a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para que el castellano sea también lengua vehicular de la educación en Cataluña, defendió el actual sistema de inmersión lingüística. De hecho, todos los dirigentes del partido se aferraron al modelo lingüístico que prima el catalán en las aulas y cuestionaron la sentencia, pero comienzan a surgir voces críticas.

El alcalde socialista de Cànoves i Samalús (Barcelona), Josep Lluís López, se ha desmarcado de la tesis oficial de su partido. La semana pasada en el pleno se alineó con el PP en contra de una moción que defendía la inmersión lingüística. La moción, que se ha presentado en decenas de ayuntamientos, salió adelante con los votos de CiU, ERC y una formación independiente, pero el edil lo tiene claro. «Aquí no todo vale», aseguró ayer a Ep, y explicó que «las sentencias deben cumplirse, gusten o no».

Las declaraciones llegan después de que recibiera una llamada de la federación del PSC en el Vallès Oriental reprochándole el sentido de su voto. Y es que «aquí no estamos acostumbrados a que nadie se salga del guión», apuntó el alcalde, quien consideró que lo que está haciendo es decir públicamente lo que muchos en su partido piensan en privado.

Modelo equitativo
«Lo más equitativo desde la óptica de una fuerza de izquierdas es que haya un modelo de 50 por ciento de clases en catalán y 50 por ciento de clases en castellano», apuntó López, que es contrario a que se separe a los alumnos por aula en función del idioma de la escolarización.

El modelo que defiende López es el que más de 500 padres piden a la Generalitat que aplique en la educación catalana y que tres llevaron a los tribunales, aunque el ejecutivo autonómico no tiene ninguna intención de cambiar la inmersión lingüística por mucho que lo diga el Supremo. El Govern recurrió la interlocutoria del Supremo que obligaba a Ensenyament a adoptar en el mes de noviembre las medidas necesarias para que el castellano sea lengua vehicular de las aulas. Ante el recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió de oficio el plazo de dos meses para la ejecución de la sentencia hasta que lo resuelva. Ahora estudia si considera suficientes los informes que el departamento de Ensenyament ha remitido para tratar de demostrar que la inmersión lingüística es acorde a la sentencia del Tribunal Supremo, es decir, que el castellano también es lengua vehicular en la educación catalana. Por su parte, la consellera Irene Rigau dijo antes de presentar el recurso que incluso está dispuesta a sacrificar su carrera política al no adoptar la resolución antes que cambiar el actual sistema.

Para el alcalde de Cànoves i Samalús, «la lengua se utiliza como arma arrojadiza y no hay catalanes buenos y malos, se trata de cumplir una sentencia».

Paradojas legales
- La resolución del Supremo que obliga a la Generalitat a tomar las medidas necesarias para que el castellano sea lengua vehicular de la educación se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que deja patente que el español no puede quedar relegado a un segundo plano.
- El alcalde de Cànoves i Samalús considera que es paradójico que «aquí no pase nada» cuando se cuestionan las sentencias. En concreto, critica que muchos municipios han aprobado resoluciones en las que afirman que están moralmente excluidos de la Constitución tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatut.