El ente que pagó los ERE tenía otro «fondo de reptiles»

La práctica de desviar el dinero de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a este ente instrumental de la denominada «administración paralela» mediante transferencias de financiación era habitual, y la Intervención General de Hacienda –órgano de control que dependía del entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán– advirtió de que esta fórmula era inadecuada.

El descontrol que Empleo tenía del dinero se hizo evidente también en el programa de subvenciones para la incorporación de las familias andaluzas al uso de las nuevas tecnologías. La Orden de 13 de mayo de 2002 de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico cuyo titular era José Antonio Viera –hoy senador y secretario provincial del PSOE de Sevilla– regulaba estas subvenciones que ofrecía hasta 450 euros a particulares para la compra de un equipo informático. Las solicitudes se entregaban en las delegaciones provinciales del IFA que era el organismo que concedía «el cheque-ordenador» a todos los que cumplían los requisitos. El dinero al ente instrumental para pagar a las empresas adscritas se lo transfería directamente el departamento de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

La realidad es que, según reconoció en 2005 el consejero Francisco Vallejo –titular de la Consejería de Innovación, heredera de parte de las competencias de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico– en el Parlamento, sólo en las convocatorias de 2002 y 2003 gastaron 79,7 millones de euros, «que era lo previsto para que el programa hubiera durado ocho años».

Este desfase económico provocó un cambio en la concesión de ayudas, que pasaron a centrarse sólo en conexiones a internet para municipios de menos de 10.000 habitantes.
Los hechos constatan que la falta de control en las subvenciones de la Consejería era algo habitual.

Otro ejemplo de esa falta de rigor ocurrió con la Orden de 31 de julio de 2003 para el fomento de las nuevas tecnologías entre pymes y autónomos, un año después de la orientada a las familias. En ese caso –como en el de las prejubilaciones– sí hubo un informe de la Intervención que alertó de que se estaba gastando dinero amparándose en un procedimento administrativo irregular. Decía el órgano fiscalizador que la fórmula elegida no estaba prevista «por la regulación actual».

La gestión era la misma que se seguía con los ERE. Transferencias de financiación de capital algo «inadecuado para la delegación de competencias» –según la Intervención– que originaba una sustancial diferencia en la «intensidad de control previo al pago». El centro directivo responsable no era la Dirección General de Trabajo sino la de Desarrollo Tecnológico.

Para el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, se trata de un «segundo fondo de reptiles» por lo que el expresidente de la Junta de Andalucía y el actual, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, son «más culpables hoy que ayer» en el caso de los ERE. En declaraciones recogidas por Ep, Sanz apuntó que «no se trata de un caso aislado, sino de un procedimiento que se seguía de manera amplia».