Cerco al «turismo sanitario»: el que no cotice deberá pagar 60 euros

MADRID- El Ministerio de Sanidad está decidido a acabar con el «turismo sanitario» y ahorrar así cerca de mil millones al año para lo que quiere acordar con las comunidades autónomas el pago de una cuota mensual por parte de los extranjeros que se encuentren en España y no sean ni asegurados ni beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, informa Efe.

La medida está diseñada para españoles «rentistas» que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante su estancia en España quieran esa cobertura total por el sistema público, por lo que afectará también a los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular.

Para ello, tendrían que suscribir una especie de póliza (similar a los existentes en el sector privado), por el que deberían abonar unos 60 euros mensuales, 710 al año. Fuentes del departamento que dirige Ana Mato explicaron que las cuotas previstas para estos convenios se deberán suscribir con los servicios de salud de cada comunidad autónoma.

Según figura en la memoria económica que el Gobierno ha elaborado como acompañamiento al real decreto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, las cuotas son de 59,20 euros mensuales, y de 155,40 euros para los mayores de 65 años.

Reacciones
Las medidas planteadas por el Gobierno han suscitado las críticas de los partidos de la oposición –PSOE e IU– mientras que el PP ha valorado los pasos que se den para que España deje de ser un «paraíso» de la inmigración ilegal.

Así lo ha manifestado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien instó a los «sin papeles» a volver a sus lugares de origen y abogó por tratar de homologar la legislación española a la de otros países de la UE, tras recordar como ejemplo el caso de Alemania, en el que cualquier inmigrante tiene que pagar un seguro médico.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, aseguró que su partido está «absolutamente en contra» de que se cobre una cuota a los irregulares para ser atendidos y lo calificó de «injusto, insolidario e inaceptable».

En el mismo sentido, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares acusó al Ejecutivo de «criminalizar» a los inmigrantes y de tratar de hacerles responsables de un, a su juicio, «inexistente» despilfarro en la sanidad.

Desde el País Vasco, el Gobierno regional reiteró que mantendrá la asistencia a todos los colectivos y señaló la nueva norma deja a las comunidades el papel de «meras ventanillas administrativas de tarjetas sanitarias».

Menores y embarazadas, exentos
Fuentes del Ministerio de Sanidad aclararon que la asistencia básica, es decir, urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, se mantiene para todos los ciudadanos, incluidos los que están en situación irregular.