Todos los imputados tendrán las grabaciones en prisión

MADRID- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al instructor del « caso Gürtel», Antonio Pedreira, que dé traslado a todos los personados en la causa de las grabaciones realizadas en la prisión de Soto de Real a los principales imputados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, con sus letrados.
En un principio, el juez Pedreira había acordado que esas grabaciones se pusiesen en conocimiento sólo de los acusados y abogados afectados por esas intervenciones. Ahora, la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid estima parcialmente el recurso de siete imputados en la causa, entre ellos los ex diputados del PP en la Asamblea Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco, quienes solicitaban la nulidad de actuaciones y que también se les facilitase el contenido de esa intervenciones.
En la resolución de la Sala esgrime que el derecho de defensa de todos los implicados en esta red de corrupción incluye que puedan disponer de esas grabaciones. Sin embargo, antes de que ello se pueda producir es necesario depurar «las evidencias, sin destruirlas, que se refieran a la intimidad de dichos imputados» y las que puedan tener relación con la estrategia de defensa.
Una vez que se efectúe esa depuración, añade el auto de la Sala, «se efectuará la entrega o puesta a disposición de todos los imputados, sin excepción, de las grabaciones para la audición por ellos de las mismas en su integridad», conversaciones que se incluirán en una «pieza separada de confidencialidad».
Una vez cumplido ese trámite, las partes dispondrán de un plazo para realizar alegaciones que consideren oportunas, «en orden a la decisión final de la nulidad de actuaciones», petición que se tramita actualmente.
Transcripción literal
En relación con esas grabaciones en prisión, el juez Pedreira ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) la transcripción literal de las intervenciones realizadas en los locutorios de prisión entre el 6 de agosto de 2008 y el 6 de febrero de 2009, cuando se practicaron las primeras detenciones, entre ellas la del presunto cerebro de la red, Francisco Correa.
Por otro lado, informa Efe, la Agencia Tributaria ha comunicado al juez Pedreira que carece de los medios humanos necesarios «con la especialización necesaria» poder tasar todos los bienes intervenidos en la causa, tal como le pidió el instructor de la causa el pasado día 30.