Valencia

Autonomías con autoridad

Madrid, Valencia, La Rioja y Aragón elevan ya por ley el respeto al docente. Castilla-La Mancha obligará a los alumnos a pagar los destrozos

Autonomías con autoridad
Autonomías con autoridadlarazon

MADRID- Los profesores ganan autoridad por autonomías y esto está permitiendo una mejora del clima en los centros y una rebaja de la conflictividad de la que tanto se queja el profesorado. Madrid, Valencia, La Rioja y Aragón ya cuentan con leyes específicas que hacen que un hecho aislado, como que una madre tire del pelo a una profesora, no se pase por alto. Es más, ahora se sanciona hasta con dos años de cárcel, cuando antes era considerado una falta por la que se pagaba 150 euros.
La última comunidad que ya ha anunciado que elevará la consideración del profesorado por ley es Castilla-La Mancha, que prevé aprobar su norma en marzo próximo. De hecho, ya cuenta con un anteproyecto de ley de autoridad del profesor impulsado por la presidenta castellanomanchega, María Dolores de Cospedal, y el actual consejero de Educación, Marcial Marín.

Ya ha pasado el visto bueno del Consejo de Gobierno y ahora sólo está pendiente del trámite del consejo consultivo antes de aprobarse en las Cortes castellanomanchegas. De hecho, se considera una de las leyes estrella en esta comunidad.

El anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, reconoce por ley el derecho del profesor a tomar medidas disciplinarias ante conductas de los alumnos que impidan que el docente pueda dar clase y a la vez a hacer que los padres colaboren, respeten y hagan cumplir las normas establecidas por el centro. Y es que, precisamente, la mayoría de las quejas de los profesores tienen que ver con conflictos con los alumnos: problemas para dar clase, acoso, amenazas, faltas de respeto, insultos, faltas de acusaciones de padres y alumnos, consultas agresivas de los alumnos hacia el profesor y hacia sus propios compañeros, grabaciones o fotos en internet, agresiones de los estudiantes...

La normativa castellanomanchega reconoce el derecho del profesor a «desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente aquellos dirigidos a su integridad física y moral».
Pero si hay un aspecto importante es la presunción de veracidad que se da a un profesor en el momento en el que surge el conflicto. Es decir, el profesor siempre tiene la razón hasta que se demuestre lo contrario.

El anteproyecto expone que «los hechos constatados por el personal docente en el ejercicio de las competencias o correctoras o disciplinarias gozarán de la presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito en el curso de los procedimientos administrativos en relación con las conductas que sean contrarias a las normas de convivencia».

Para que este punto sea efectivo en los centros privados concertados, la norma exige que este supuesto se prevea en su reglamento de régimen interior.
Gamberrismo

¿Y qué ocurriría en una situación en la que los alumnos de forma negligente o intencionada, en un acto de gamberrismo, destrozan las instalaciones, el equipamiento informático, o cualquier material del centro? La legislación es muy clara en este caso. «Los alumnos estarán obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico que suponga el arreglo. Asimismo, deberán sustituir los bienes sustraídos o reparar el valor de éstos». No obstante, los padres o tutores se considera que son los responsables civiles en situaciones de estas características.

¿Y si el docente es víctima de una agresión física o moral por parte del alumno o de sus padres? Para empezar, el anteproyecto de ley reconoce que el agresor «deberá pedir excusas y reconocer la responsabilidad de los actos». Por que en lo que concierne a las medidas correctoras o disciplinarias, será la dirección del centro la que se encargará de determinarlas teniendo en cuenta sus circunstancias personales, familiares o sociales, la edad del alumno y la naturaleza de los hechos. Después, la dirección comunicará al Ministerio Fiscal y a la Administración educativa los hechos, por si pudieran ser constitutivos de delito. Actualmente, la Fiscalía persigue de oficio cualquier agresión a un profesor ya que se considera en toda España como un delito de atentado a la autoridad.

No obstante, dentro de centros escolares, la consejería de Educación de Castilla-La Mancha quiere homogeneizar las medidas disciplinarias en todos los colegios para que un mismo hecho tenga una respuesta similar en todos los de la región.

Los profesores también gozarán de un mayor respaldo por parte de la administración educativa ante cualquier situación conflictiva que pueda surgile. De hecho, se le reconoce el derecho a la protección jurídica en el ejercicio de sus funciones. Incluso recibirá atención y asesoramiento específico por parte de la Consejería que «velará para que tenga la consideración y el respeto social que merece».

También los padres tendrán que respetar las decisiones que tome el profesor a la hora de desempeñar su trabajo con los alumnos. La norma les reconoce el «derecho a que sean respetadas las decisiones tecnico-pedagógicas que adopte en el ejercicio de sus funciones y el derecho a tener autonomía para tomar las decisiones necesarias de acuerdo con las normas de convivencia establecidas».

Más aún, tendrán derecho a hacer que los padres colaboren, respeten y hagan cumplir las normas establecidas por el centro e incluso a desarrollar su trabajo «en un ambiente adecuado donde sean respetados sus derechos, especialmente aquellos dirigidos a su integridad física o moral».

Mientras se van sumando autonomías, ahora queda que una ley estatal unifique lo que, en la práctica, ya está trayendo mejor clima a las aulas.

 

¿El problema? poder dar clase
La mayoría de las quejas que tienen los profesores tienen que ver con sus problemas para dar clase, acoso y amenazas, faltas de respecto de los alumnos e insultos, además de acusaciones de padres y estudiantes o conductas agresivas de los alumnos hacia el profesor y sus propios compañeros. Ahora empiezan a ganar auge las agresiones a profesores en las que los alumnos se sirven de las nuevas tecnologías para ridiculizarlos o incluso difundir en las redes sociales calumnias o informaciones que dañan la imagen del profesor frente a los alumnos.