Más de lo que reconocen los gobiernos por Pablo VÁZQUEZ

Medir la economía sumergida en un país es, por definición, una tarea compleja. Un hecho aceptado es que es más grande de lo que la mayoría de los gobiernos reconoce. Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2010 había 18.408.200 personas ocupadas. Según la Seguridad Social, el número de afiliados era de 17.551.567. La diferencia, 856.633, puede ser una primera aproximación.

Según F. Schneider, uno de los investigadores que más han trabajado en este campo, Grecia registra los valores más altos de economía sumergida entre 1990 y 2010, seguido por Italia y España. Por el contrario, entre los países OCDE, los niveles más bajos corresponden a EE UU, Japón y Reino Unido.

España es uno de los países que ha registrado un mayor crecimiento de economía sumergida en los últimos 20 años. En 2009 representaba cerca del 19,5% del PIB. Las razones: una tasa de paro muy alta, un mercado de trabajo poco flexible, una burocracia excesiva... Recientemente, el peso de la construcción en el modelo productivo o la llegada de inmigrantes han contribuido al aumento de las actividades fraudulentas.

La erradicación completa de la economía informal supondría un aumento del PIB de algo más de 200.000 millones de euros. Por esta razón, en un contexto de consolidación fiscal como el actual, se hace particularmente necesario el trasvase de actividades económicas informales hacia escenarios acordes con la legalidad y las obligaciones fiscales actuales.

Una mayor vigilancia o el aumento de las multas por infracciones en transacciones como alquileres no declarados, compra/venta de inmuebles, adquisición de coches de lujo, podrían reducir el tamaño de la economía sumergida. Asimismo, un mercado laboral más flexible y la reducción de la excesiva burocracia podrían contribuir adicionalmente.

Pablo VÁZQUEZ es director ejecutivo de Fedea