Igualdad firma la paz con los jueces

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha asegurado que este viernes mantuvo, junto con otros representantes de los jueces, una reunión con el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien, según García, les habría trasladado que es absolutamente consciente de la concienciación que existe entre el colectivo de jueces españoles"en su tarea para la persecución de la violencia contra las mujeres.

García ha señalado que Lorente les trasladó que esta labor que desarrollan los jueces es una cuestión "extraordinariamente relevante y de primera magnitud"en el ámbito del combate de la violencia de género.

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género ha mantenido este encuentro con los jueces después de que, en un balance sobre la situación, hubiera censurado esta semana que se puede "quitar credibilidad y trascendencia a lo que la situación de violencia de género"supone, desde el momento en que se habla de "denuncias falsas"o se "cuestiona la actitud de las mujeres", de forma que es "mucho más difícil para ellas, porque no se atreven a acudir a las instituciones, porque cuando acuden a veces no son creídas o porque, cuando son creídas, no se les da la trascendencia y gravedad que tiene su situación".

Además, Lorente también había planteado que hay en la actualidad unas mujeres "en riesgo alto o extremo"que no serían suficientemente protegidas por el sistema judicial, que, teniendo a su disposición 3.000 pulseras con GPS para localizar a los agresores potenciales, tan sólo mantiene en funcionamiento 369.

García ha indicado que, tras este mensaje de Lorente que fue "un tanto equívoco por lo ambiguo", en la reunión de este viernes les ha ofrecido a los jueces "todo tipo de explicaciones"que les han dejado "satisfechos".

"Nosotros tampoco podemos saltarnos la ley"
"Nosotros, lo hemos dicho por activa y por pasiva, tampoco podemos saltarnos la ley, y cuando se recortan derechos de naturaleza fundamental hay que hacerlo con resoluciones judicialmente motivadas y respetuosas con los principios de proporcionalidad y necesidad", ha añadido el portavoz de la APM.

En este sentido, también ha advertido de que cuando un juez no acuerda una orden de alejamiento o la dispensación de una pulsera de control GPS es, "lisa y llanamente, porque en las circunstancias del caso que concretamente analizamos y resolvemos no había circunstancias que justificaran el que esas medidas restrictivas fueran adoptadas".

"El delegado me manifestó personalmente que la creencia que se tiene en el papel de los jueces es absolutamente convencida y son ellos -los responsables del Ejecutivo- los primeros en recomendar que se denuncie este tipo de cuestiones, que se judicialicen de manera inmediata", ha agregado.

García también ha reconocido que "hay denuncias que no responden a la realidad"en ese tipo de casos, lo que motiva que, "cuando los jueces no disponen de un material circunstancial lo suficientemente convincente para que determinadas medidas se adopten, es obvio que esas medidas no se pueden adoptar".

Actuación coordinada
Además, García se ha mostrado favorable a la necesidad de que se envíe a la sociedad "un mensaje de actuación coordinada y cooperativa en la que todos los agentes institucionales ponen todo su empeño para perseguir y reducir al mínimo del mínimo la violencia machista de género".

"Que al final se sigan produciendo situaciones horrendas y que no hayamos logrado erradicar o minimizar, en la medida en que todos hubiéramos deseado, la violencia contra las mujeres provoca cierta frustración y, a veces, los mensajes que se lanzan en situaciones un tanto calientes, sobre todo si no son mensajes bien perfilados, pueden causar cierta confusión", ha asegurado.

El portavoz de la APM también ha insistido en que los jueces españoles son "los primeros interesados"en que esas conductas de violencia contra las mujeres se persigan "con contundencia y eficacia", cuestión en la que los responsables judiciales están desarrollando actualmente un papel "extraordinariamente importante".

Por último, al margen de las actuaciones judiciales y de la legalidad aplicable en estos casos, García ha reiterado que se debe desarrollar "un especial empeño en el aspecto pedagógico y educativo", donde "todavía existe un camino por recorrer".