Bahréin sofoca las protestas que pedían reformas democráticas

Aquella acampada pacífica, inspirada en la plaza Tahrir de El Cairo, acabó en sangre y el monumento central de la plaza Lulu fue destruido por las autoridades, en un intento de borrar su significado y recuerdo. Desde entonces, unas 50 personas han muerto en el pequeño país de poco más de medio millón de habitantes a manos de las fuerzas de seguridad, principalmente por el uso indebido de gases lacrimógenos, tal y como denuncia Amnistía Internacional.

Los gases han sido usados no sólo contra los manifestantes, sino incluso en el interior de las viviendas cuando la Policía realiza incursiones contra los opositores. El lunes, grandes manifestaciones para conmemorar el primer aniversario de la revuelta fueron gaseadas también, y ayer las fuerzas de seguridad fueron desplegadas de forma masiva en toda la capital, Manama, y sus alrededores para evitar más protestas.

Amnistía Internacional denuncia que el monarca Hamad bin Isa Al Jalifa no ha cumplido con las promesas de reformas hechas para calmar a la mayoría chií del país -un 70% de la población-, que se rebeló finalmente después de haber estado gobernada y oprimida por la familia real Al Jalifa, de confesión suní, desde 1783.

Los chiíes (rama del islam) denuncian estar discriminados legalmente y marginados social y económicamente, relegados a las zonas rurales de Bahréin, donde la tasa de desempleo alcanza hasta el 50%, y donde no cuentan con servicios e infraestructuras. Asimismo, la ONG internacional asegura que, no sólo durante las protestas, sino en los pasados 12 meses se han violado sistemáticamente los derechos humanos y no se ha llevado ante la justicia a aquellos responsables de estas violaciones.

Muchas personas permanecen detenidas por el simple hecho de haberse manifestado y un millar de trabajadores no ha sido readmitido en sus puestos de trabajo, de los que fueron echadas por participar en las protestas, según los sindicatos bahreiníes. El rey ha aceptado abolir la ley de emergencia vigente en el país, así como traspasar todos los casos de los tribunales militares a los civiles, pero esto no es suficiente para los manifestantes ni para las organizaciones pro derechos humanos.

Los activistas, así como los médicos, han sido especialmente perseguidos tras el intento de revuelta y varios opositores han sido detenidos en los pasados días de cara al aniversario de la revolución del 14 de febrero. La comunidad internacional ha permanecido relativamente callada frente a la represión continuada del monarca, en el poder desde 1999, aliado clave de EEUU, que tiene una destacada base naval en esta isla, situada en una posición estratégica en el Golfo Pérsico.