La fiscalización del trabajo de sus señorías tendrá que esperar

Sevilla- ¿Los ciudadanos tienen derecho a conocer el currículum, la declaración de la renta y la gestión de sus políticos? Para Luis Salvador, senador del PSOE por Granada, la respuesta es sí. Desde esa firme convicción y guiado por los principios del «Open Government», Gobierno Abierto, puso en marcha en 2004 una Oficina Virtual de Atención a la Ciudadanía (htpp://luissalvador-ovac.es), a la que ha ido incorporando desde entonces herramientas de la web 2.0. En ella, cualquiera puede acceder a su trayectoria profesional, su declaración de bienes, la evolución real de su patrimonio, así como a un informe público de gestión, a través del que rinde cuentas de su trabajo a la ciudadanía.

En esa oficina se detallan el número de sus intervenciones en plenos, así como las preguntas orales y escritas. Incluye un resumen cualitativo con lo más relevante, además de suponer una ventana de atención 2.0.

Salvador está seguro de que ése es el camino para «quitar sombras de duda a la política y profesionalizarla. Tenemos que abrirla a la gente para darle crédito», defiende. Por eso, preguntado si considera que en el debate suscitado en el Parlamento andaluz sobre la incompatibilidad entre el cargo de alcalde y de diputado, se debería haber avanzado más en ese sentido, su respuesta es que cree que sí. «Los ciudadanos tienen derecho a que el político que les representa les rinda cuentas. Los partidos tenemos que garantizar eso y que nuestros cargos públicos estén obligados a hacerlo», defiende el senador socialista.

Un objetivo que necesitará de «políticos más preparados, lo que conllevará, sin duda, una mejora de la democracia», plantea. Sin embargo, los distintos grupos con representación en la Cámara andaluza, incluido el suyo, parecen no tenerlo tan claro. ¿Debería habilitarse algún tipo de mecanismo oficial para «fiscalizar» el trabajo de los diputados? ¿Deberían ofrecerse los resultados de forma rápida y fácil a la ciudadanía?

Tres partidos, ¿una respuesta?
Desde el PP-A afirman que su postura es la que expuso el pasado miércoles en el Parlamento su secretario general, Antonio Sanz, y que se ciñe al debate alcalde-diputado. El mensaje es claro: los 17 alcaldes populares han presentado 6.161 iniciativas parlamentarias en esta legislatura, casi el doble que los 56 diputados del Grupo Socialista. A ello hay que sumar 769 intervenciones, de las que 430 fueron en pleno y el resto en comisiones. Ésas son sus cifras y hasta ahí se van a pronunciar.

Por su parte, el diputado y secretario de Comunicación del PSOE-A, Miguel Ángel Vázquez, dice convenir con Salvador en que «la sociedad exige cada vez mayor rendición de cuentas de sus políticos y más transparencia. La gente quiere que lo que se promete se cumpla y estoy de acuerdo en que habrá que buscar fórmulas para que conozcan si sus representantes lo hacen, aunque no se pueda regular. Si la gente sabe lo que trabajamos se superará la desafección de los ciudadanos hacia la política», señala.

A la cuestión de por qué su Grupo no lo ha planteado al calor de la discusión sobre incompatibilidades, por ejemplo, o del movimiento 15M, dice: «Hemos defendido la exclusividad porque protege de estafas políticas: cobrar por una función que no se ejerce. Y habrá que seguir avanzando. No sé si hacia la fórmula de la Oficina Virtual o no. Ya veremos».
Tilda de «demagógico, ridículo e irreal» el «ranking» del PP y espeta: «No se trata de hacer política al peso, sino útil. No hay que atiborrar de papel los registros ni convertirnos en máquinas de fotocopiar iniciativas», argumenta.

Idea que parece compartir el diputado y portavoz de IU en la Cámara regional, Diego Valderas, quien cree que «el número de iniciativas presentadas no marca si el trabajo de un diputado es efectivo o no». A su juicio, «el PP ha querido cubrir un espacio mediático en el debate de la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y de diputado desde el punto de vista de la cantidad y no de la calidad. Se ha montado una polvareda innecesaria con tintes electoralistas», lamenta.

En cualquier caso, asegura estar «a favor» de que «una persona ostente un solo cargo público, porque se da la circunstancia de que muchos tenemos además puestos de responsabilidad política en nuestros respectivos partidos», explica. Si bien advierte de que la calle demanda también «más pluralismo político».

«La reforma de la Ley Electoral quedaría cicatera si sólo atiende a la incompatibilidad. IU solicitará, entre otras cuestiones, que los senadores elegidos por Andalucía lo sean en las urnas en un acto electoral el mismo día que los parlamentarios», adelanta.