Congreso de los Diputados

Una victoria de la mujer

La Razón
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El Congreso aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que en un plazo determinado tome las medidas necesarias para que los anuncios de prostitución desaparezcan de los periódicos generalistas. No podemos por menos que felicitarnos de este acuerdo porque, más allá de que LA RAZÓN lo haya lanzado e impulsado desde hace meses, quien verdaderamente sale ganando en esta batalla es la mujer, su dignidad y sus derechos. Es verdad que la proposición parlamentaria podría haber sido más audaz, pero cuenta al menos con el apoyo de todos los grupos políticos y marca claramente el camino a seguir. No ha sido una proposición fácil de sacar adelante. Presentada en solitario por UPN y apoyada por el PP con la intención de que el Gobierno suprimiera la publicidad institucional de aquellos diarios generalistas que publicaran anuncios de contactos, los grupos de izquierda se sumaron a la iniciativa pero poniendo condiciones, entre ellas dejarle al Gobierno las manos libres para elegir la forma de llevarla a cabo. En todo caso, dispone de cuatro meses desde que reciba el dictamen ya solicitado al Consejo de Estado para presentar una propuesta al Congreso, de modo que la voluntad de los parlamentarios no se quede en un brindis al sol o en pura declaración de intenciones. Ésa es también la voluntad del propio presidente Zapatero, que ya en el último Debate sobre el Estado de la Nación se manifestó en la misma línea. Lo deseable sería que fueran los propios medios de comunicación afectados los que tomaran la iniciativa y suprimieran los anuncios que vejan la condición femenina y reducen a la mujer a simple mercancía. Por coherencia editorial y por respeto a los lectores, los periódicos de calidad no pueden permitirse la incongruencia de publicitar en unas páginas lo que se condena en otras. En Europa, el caso español es algo excepcional. Pero si aún así y después de la votación de ayer en el Congreso dichos medios persistieran en su actitud, no se les puede reprochar a los gobernantes que adopten las medidas más adecuadas para cumplir el mandato parlamentario. Nunca es aceptable que los poderes públicos intervengan en los delicados mecanismos de los medios de comunicación y cuanto más alejados estén unos de otros, mayores garantías habrá de libertad e independencia. Pero al igual que desde el Gobierno se promueven de diversas formas, empezando por la económica, aquellas iniciativas de los medios de comunicación tendentes a mejorar la convivencia y el servicio público, también en el caso que nos ocupa es lícito que prime a los periódicos que han erradicado de sus páginas la publicidad de prostitución aun a costa de un sacrificio económico nada desdeñable. Por otro lado, la Administración debe ser imparcial, pero no ciega ni insensible a la hora de programar sus campañas publicitarias. Sería contraproducente, por ejemplo, publicar anuncios en defensa de los derechos de la mujer en las mismas páginas que divulgan contactos de explotación sexual, muchos de ellos insertados y financiados por las mafias de la prostitución y de la trata de blancas, como ha demostrado fehacientemente la Policía.