Griñán recibe el apoyo que pedía para evitar la pérdida de fondos europeos

SEVILLA- El presidente de la Junta reclamó hace días el apoyo de la oposición para establecer una postura común en defensa de los intereses de Andalucía en Europa, y ayer lo obtuvo tanto de PP como de IULV-CA. Al menos en dos aspectos básicos: que se establezca un periodo transitorio para que la región pueda mantener los fondos estructurales –ya que ha pasado de ser zona de convergencia a de competitividad–, y que las ayudas de la Política Agraria Común se mantengan en un nivel similar al actual, unos 1.600 millones de euros anuales – «que no se reduzca ni un euro fue una expresión usada por todos» –.
Ahora bien, pensar que este acuerdo de mínimos garantiza resultados es desconocer el funcionamiento de la Unión Europea. Las perspectivas financieras para el periodo comprendido entre 2014 y 2020 se tienen que negociar por los países miembros en los próximos meses. El compromiso es que exista marco financiero definitivo en 2012, aunque los contactos podrían prolongarse en 2013 e incluso retrasarse aún más si no hay acuerdo. En el caso andaluz, será el Gobierno de España el que negocie, atendiendo a las diferencias de cada comunidad autónoma, ya que los intereses no son coincidentes en muchos aspectos. El Presupuesto, además, dependerá fundamentalmente de la decisión adoptada por Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, por lo que la intervención de los demás países puede ser secundaria. Además, por primera vez, se aplicará el mecanismo de codecisión entre la Comisión Europea y el Parlamento, cámara donde hay una clara mayoría conservadora y que no responde a los intereses nacionales.
Por tanto, la reunión que Griñán mantuvo ayer en San Telmo con el presidente del PP-A, Javier Arenas, y el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, es sólo una puesta en escena en el inicio de un largo proceso.
En este tablero de intereses políticos, la propuesta de la Junta para salvar las ayudas que se reciben de la PAC pasa por diferenciarse del resto de comunidades y concentrarse en tres sectores: olivar, dehesa y regadío. IULV-CA apoya esta iniciativa, mientras que Arenas la vio «bien» aunque pidió tiempo para estudiarla.
Hubo consenso para que las autonomías participen más en el reparto de esas ayudas una vez que las reciba el Estado, en el control de los precios agrícolas que garantice la renta del agricultor, evitar la competencia desleal de Marruecos y el rechazo de la «tasa plana» –que todos los agricultores de un país reciban la misma cantidad–.