Despolitizar el Consejo por Francisco Marhuenda

La separación de poderes es uno de los elementos fundamentales de la arquitectura constitucional. El Estado de Derecho no alcanza su plenitud si la Justicia está politizada. Por ello, la Constitución establece que los integrantes del Poder Judicial son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Es cierto que consagra este principio de independencia, pero a la vez alumbra un órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, que ha alcanzado un nivel de politización escandaloso. No estaba en el ánimo del constituyente, representando a la soberanía nacional, que esta importante institución para el eficaz funcionamiento del Estado se convirtiera en el campo de batalla de intereses políticos, gremialistas y personales. El descrédito alcanzado en la campaña de acoso para derribar a su presidente, Carlos Dívar, ha hecho que la reforma sea acuciante aunque, desafortunadamente, no entrará en vigor hasta el próximo año. En el CGPJ se dirimen batallas diversas donde no son menores, precisamente, las destinadas a nombrar o ascender magistrados. La politización de este órgano es una indeseable consecuencia de la forma de nombramiento de sus vocales, pero también de los intereses propios de cualquier colectivo profesional. Una sorprendente anomalía es que esté compuesto por 20 miembros, cuando el Tribunal Constitucional tiene 12 o el Gobierno de España, incluyendo al presidente, cuenta con 14. Es evidente que la cifra, aunque no puede ser modificada, ya que está en la Constitución, refleja un error en su origen, porque lo lógico es que su tamaño sea menor. Por otra parte, al igual que los miembros del Consejo Fiscal no tienen dedicación completa, es lógico que se siga el mismo criterio en el CGPJ.
 
Hay que abrir una nueva etapa en la que se consagre su despolitización, pero también que no sea el terreno en el que se diriman intereses asociativos o personales en los nombramientos, sino que se busque a los mejor cualificados para ocupar las responsabilidades dentro de la carrera. Al igual que ha sido malo que el Consejo fuera una prolongación de los partidos y que se definiera a sus integrantes entre conservadores y progresistas también lo sería que se convierta en una mera correa de transmisión de los intereses de las asociaciones. Es preciso encontrar un punto de equilibrio que permita que la institución recupere su prestigio y que la elección directa de una parte de sus miembros por los jueces sea por medio de un mecanismo que permita una amplia participación. Todos queremos una Justicia independiente, eficaz y despolitizada como establece la Constitución. La responsabilidad de los políticos es aprobar una reforma que lo garantice.