Correa comienza la «caza de brujas»

GUAYAQUIL- La insubordinación policial del pasado 30 de septiembre en Ecuador, que según el Gobierno de Rafael Correa fue un intento de golpe de Estado cuyo plan B era asesinarlo, comienza a pasar factura en las filas de esa institución; y también fuera.

La Fiscalía de Pichincha –cuya capital es Quito– emitió al menos 58 órdenes de detención contra personas supuestamente involucradas en los hechos que culminaron con el violento rescate de Correa del hospital de la Policía, donde permaneció 11 horas. De ese grupo, 46 son uniformados, quienes rindieron declaraciones desde la tarde del martes hasta la madrugada de ayer, mientras que el resto son sospechosos de haber conspirado contra el Gobierno.

En las calles, donde según encuestas divulgadas por la Prensa más del 50 por ciento cree que no hubo intención de golpe de Estado, sino que fue una protesta policial que se salió de sus límites, se habla de una «cacería de brujas». Pero el Gobierno y simpatizantes del mandatario refuerzan la teoría del golpismo a través de las cadenas de televisión que se emiten a diario en horario de máxima audiencia, y que muestran las imágenes de los acontecimientos.

Entre los detenidos está el mayor retirado Fidel Araujo, afiliado a Sociedad Patriótica, partido político del ex presidente Lucio Gutiérrez, pues aparece en esos videos junto a los policías que protestaban en el Regimiento N° 1 de Quito, donde Correa fue recibido con insultos y gases lacrimógenos. Pero Araujo se defendió diciendo que estuvo cerca del lugar haciendo trámites aquel jueves, y que su «gran error» fue haberse quedado viendo las protestas.

También se ordenó detener a Pablo Guerrero, cercano a Gutiérrez, quien participó en la irrupción en el canal estatal Ecuador TV, y a dirigentes del Movimiento Popular Democrático (MPD), agrupación política de la oposición. El Gobierno sospecha además de Lourdes Tibán, una dirigente indígena, y de más líderes de la oposición por emitir comentarios a favor de los policías.

Mientras, el estado de excepción, que se extendió hasta el viernes, no sólo mantiene las patrullas militares en las calles. Toda la escolta policial de la Asamblea fue reemplazada con miembros de las Fuerzas Armadas.

A los policías bajo investigación se les retiraron las armas y cumplen arresto domiciliario. A otros que estaban en el Regimiento N°1 se los dispersó a otros cuarteles. «Hay que depurar la Policía, hay un núcleo duro que hará cualquier cosa para seguir mandando en el país, tenemos que sancionarlos», insistió Correa ayer, a la vez que reiteró que el Gobierno de Obama «no tuvo nada que ver» con la sublevación, como han insinuado los mandatarios de Venezuela y Bolivia, sino que culpó directamente a Gutiérrez.