El juez obliga a Millet a declarar en el Parlament

BARCELONA-El juez del «caso Palau», Juli Solaz, desestimó ayer la petición de Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija, Gemma Montull, para que se les eximiera de comparecer ante la comisión de investigación del Parlament y que se facultase al resto de comparecientes para que pudieran negarse a declarar. En un escrito remitido anteayer al juez, la defensa de Millet y Montull advirtió que la comisión de investigación del Parlament responde a intereses «políticos y electorales» y puede poner en «grave peligro» la instrucción del procedimiento penal y provocar la «indefensión» de los comparecientes.Por ello, ante el inicio de las comparecencias el próximo lunes, pidieron que el juez decidiera de forma urgente si aceptaba su petición para que no se obligara a nadie a comparecer y que se respetara el derecho a no declarar. Sin embargo, finalmente el juez dictaminó en contra de esta demanda. Menos comparecenciasAsimismo, el abogado del Parlament sobre la Comisión de Investigación sobre el saqueo del Palau de la Música denegó las comparecencias de la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía de Barcelona y de los peritos de la Agencia Tributaria, que había solicitado el tripartito.Según el informe del letrado, la Policía Judicial, como órgano auxiliar del juez o del Ministerio Fiscal, está sometida «a un régimen de reserva» que le impide declarar sobre la evolución y el resultado de las investigaciones, y tampoco sobre las informaciones que hayan obtenido vía esta negociación. Respecto a los peritos de la Agencia Tributaria, recuerda que son peritos judiciales y no pueden declarar sobre el sumario. El informe considera así improcedente la comparecencia de Elena Lashera y Manuel Cisneros, ya que su comparecencia se solicitó «específicamente dada su condición de perito en el procedimiento judicial».Por otra parte, la conselleria de Economia inició los trámites para conseguir un embargo parcial del solar donde se debía construir el hotel del Palau de la Música, con el objetivo de cobrar el importe que le corresponde a la Generalitat por el cambio de calificación de los terrenos, y que ronda los 5,5 millones de euros.