El Gobierno local obvia los escollos legales del plan de acceso al centro

SEVILLA- El equipo de Gobierno desprecia con idéntica intensidad la preocupación de los empresarios por la negativa repercusión económica del blindaje del centro al tráfico en el casco histórico, las alternativas planteadas por este colectivo a estas restricciones y el riesgo de que el plan municipal acabe paralizado en los tribunales. La Asociación de Comerciantes del Centro (Alcentro) alerta de que la regulación del acceso a esta zona es «ilegal e inaplicable», pero Movilidad confía ciegamente en el «aval» de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.El delegado del área, Francisco Fernández, reiteró ayer su encendida defensa de una «ordenación de la circulación en un espacio extremadamente reducido» que, en su opinión, en ningún caso implica que el Ejecutivo municipal «cierre o bunquerice» esta zona. Recalcó su «absoluta convicción de que el plan respeta la legalidad vigente», aferrándose al dictamen favorable de los servicios jurídicos municipales. El presidente de Alcentro, Enrique Arias, adelantó que estudian denunciar el futuro sistema de regulación de acceso al centro cuando se apruebe en el Pleno del próximo día 16, a través de una modificación de la ordenanza de peatones y ciclistas. Su artículo 2 controla la utilización de la vía pública, pero «no puede regular el uso de un aparcamiento privado por un particular, sancionando si en una plaza estaciona su titular o un tercero».Los comerciantes alertan de que la modificación prevista de la ordenanza «presume la culpabilidad de todo el que entre en el centro y obliga a los ciudadanos a demostrar que no han cometido una infracción, acreditando que han aparcado en un estacionamiento» autorizado para eludir la multa por exceder los 45 minutos máximos de circulación por el centro histórico.

Contra la Carta MagnaEn términos jurídicos, Arias recuerda que esto supone «invertir la carga de prueba», al margen de que se detecta un incumplimiento del artículo 33 de la Constitución, que establece que «nadie puede ser privado de sus bienes si no es por una causa justificada y mediante una indemnización. No hay ley que permita regular el uso de un aparcamiento privado –insistió–, así que el plan propuesto es ilegal e inaplicable, y el Ayuntamiento lo sabe».El delegado de Movilidad se limitó a justificar el control de «una plaza de aparcamiento por cada vehículo» y minimizó el número de afectados por esta regulación de los garajes privados a, aproximadamente, «un 5 por ciento de los vehículos que cada día pasan por el centro». Fernández lamentó el «uso preventivo de la Justicia» por parte de los comerciantes «sin conocer en profundidad el texto normativo».