El PSOE blinda el Parlamento contra las comisiones de investigación

La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, aseguró ayer que su formación apuesta por la «transparencia» y que «vamos a seguir manteniendo una actitud activa para llegar hasta las últimas consecuencias». «Estamos colaborando como el que más, porque somos los interesados número uno en que este caso se aclare», esgrimió en la misma línea, este fin de semana, la consejera de Presidencia, Mar Moreno. Por tanto, ¿cuál es el motivo de que no se acepte una comisión de investigación? Evitar «juicios paralelos» y no entorpecer la labor de la Justicia, con la que Díaz sí ofreció ayer estrecha colaboración.

Lo cierto es que desde 1995, con la polémica comisión de investigación sobre la condonación de préstamos a dirigentes socialistas por parte de la caja de ahorros de Jerez, el Parlamento no ha vuelto a permitir que el resto de partidos entre con la lupa. Entonces sí fue posible porque entre 1994 y 1996 –los años que el expresidente Manuel Chaves recuerda como los más duros de su carrera– el PSOE estaba en minoría y PP e IU emprendieron una contundente oposición.

Ningún otro caso requerido para una comisión de investigación tiene tanta relevancia como la trama de los ERE –es la juez Alaya la que habla de «trama»–. Son casi 700 millones de euros los que ha librado la Consejería de Empleo a través de sucesivas encomiendas de gestión, «evitando los controles y la fiscalización propia a los que deben estar sometidos los actos administrativos», sin publicación en el BOJA, «lo que significa un incumplimiento flagrante de lo establecido en el artículo 106 de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta», señala el informe de la Policía Judicial. Alcanza de lleno a dos consejeros, salpica a dos presidentes y la Justicia apunta que tuvo que existir una clara colaboración de la autoridad laboral, es decir, el Gobierno andaluz.

Sin embargo, son más de un centenar las peticiones de comisión de investigación tumbadas por el Partido Socialista bajo el argumento de que no existían motivos de peso o que el PSOE no se iba «a unir a ningún teatro».

Recientemente la oposición –especialmente el Partido Popular– ha instado verbalmente o registrado en la Cámara la petición de numerosas comisiones. Las últimas, por la subvención de más de 10 millones de euros concedida por el expresidente Chaves a Matsau, la empresa que apoderaba su hija; o el «caso Velasco», que derivó en la dimisión de todos sus cargos del ex «número dos» del PSOE-A al trascender que la empresa de su mujer había recibido más de 700.000 euros en cuatro años para cursos de formación. Igual suerte corrió el escándalo de los 10 millones de euros en subvenciones recibidos por la ONG Liga Malagueña, presidida por el marido de la delegada de Igualdad en Málaga; o los 14 millones que sumó en cinco años Decoestudio, vinculada a un empresario condenado por malversación e indultado en su día por el exministro Bermejo, para gestionar el «stand» de Fitur.

Los casos de corrupción municipal que han salpicado de lleno al PSOE («Astapa» en Estepona o «Arcos» en Alcaucín) e indirectamente («Poniente» en El Ejido) tampoco han podido ser investigados en la Cámara. Igual ha ocurrido con el presunto maquillaje de las listas de espera en un hospital de Granada, que la Fiscalía apuntó en su día que pudiera ser una práctica general en Andalucía; y con la polémica tasación de los activos para el pago de la deuda histórica.