Madrid desafía la "intervención" de Sánchez y redobla su apuesta en vivienda

Incentivos fiscales, avales para los más jóvenes, alquileres asequibles y viviendas con algún tipo de protección son varias de las medidas impulsadas en Madrid para afrontar el problema de la vivienda.

Comunidad y Ayuntamiento han desplegado esta semana más soluciones coincidiendo con la congelación de la Ley del Suelo por parte del Gobierno y la nulidad de algunos preceptos de su Ley de Vivienda, respaldada en su mayor parte por el Tribunal Constitucional.

Frente al «intervencionismo» de Moncloa, el Ejecutivo regional ultima la norma que permitirá transformar oficinas en viviendas y el consistorio da luz verde a la Operación Campamento, la mayor promoción de vivienda pública en la capital, que arrancará el próximo año en los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa. Ambas administraciones han confirmado esta semana el desbloqueo definitivo del histórico proyecto.

En la Puerta del Sol calculan que la liberalización de 1,8 millones de metros cuadrados de oficinas va a permitir la salida de 20.000 nuevos pisos. En Cibeles, que los nuevos desarrollos urbanísticos se suman a la estrategia para impulsar la vivienda y dar solución a los problemas de los ciudadanos.

Almeida ha inaugurado el Salón Inmobiliario confirmando que Madrid seguirá trabajando para «generar las mejores condiciones normativas y legislativas, de seguridad jurídica y de competitividad fiscal» para dar respuesta a un asunto prioritario en su agenda.

El regidor se pronunciaba así horas antes de que el PSOE en el Gobierno se quedara solo en la defensa de la Ley del Suelo.

Ante la falta de apoyo de sus socios, retiró el texto en el último momento para evitar la segunda derrota política en una semana. El Ejecutivo renuncia al proyecto y Podemos propone que los contratos de alquiler duren un mínimo de diez años.

La «injerencia» de la izquierda ha sido contestada en Madrid con el impulso de un plan de choque. El aval de la entrada en un 95 por ciento a los jóvenes que se hipotequen con su primer piso; la rehabilitación de inmuebles y edificios y las rebajas y deducciones fiscales son algunas de las medidas contenidas en el proyecto, que la Comunidad pretende acelerar.

Los contribuyentes madrileños podrán aplicarse una reducción del 25 por ciento sobre el exceso de intereses satisfechos para paliar la subida de los tipos de interés de las hipotecas variables.

Además, habrá una deducción de 1000 euros para arrendar inmuebles que lleven vacíos un año, un incentivo para inquilinos y propietarios en un momento en el que las políticas de Moncloa han provocado la retirada del mercado de gran parte de la oferta, según señalan desde el Ejecutivo madrileño.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en evidencia esta semana los efectos «devastadores» de la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez que, dice, ha multiplicado la okupación, hundido la oferta del alquiler y provocado el aumento de los precios.

El día que se conocía el aval del tribunal, la dirigente madrileña desplegó sus medidas para combatir las «nefastas» consecuencias de las políticas «intervencionistas» y «arbitrarias» del Gobierno, que «van contra el mercado, que bajo evidentes criterios de regulación, tiene que ser libre».

El Constitucional ha respaldado la mayor parte de la norma estatal tras estudiar el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra algunos artículos por el derecho a la vivienda que permite limitar la subida del precio del alquiler en zonas tensionadas. Madrid también recurrió la norma y está a la espera de que se resuelva su recurso mientras descarta aplicar la declaración de zonas tensionadas que han pedido municipios gobernados por el PSOE.

El Gobierno regional entiende que la medida subiría más los precios y pone como ejemplo lo ocurrido en Barcelona.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también ha cargado esta semana contra la Ley del Gobierno. Que la ley sea constitucional «no quiere decir que sea útil», dijo, antes de que se conociera que el trámite para aprobar la del Suelo se paralizaba para evitar otro «KO» del Gobierno de Sánchez.

Cuando se cumple un año de legislatura, el Ayuntamiento ha desbloqueado los desarrollos urbanísticos del sureste, Madrid Nuevo Norte y Campamento. Almeida ha marcado agenda con sus condiciones para generar vivienda asequible.

En El Cañaveral, el Consistorio construye más de 1.200 viviendas con un alquiler inferior al 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar y entre 300 y 600 euros mensuales para pisos de dos, tres y cuatro dormitorios, con garaje. Otros planes como el ReViVa, permite a los propietarios de viviendas vacías cederlas a la empresa municipal para alquilarlas más baratas a cambio del cobro de la renta mensual.

Además, financia al cero por ciento las reformas. Los planes de la Comunidad pasan por poner en el mercado 35.000 viviendas con algún tipo de protección, según anunció esta semana la presidenta.

Ayuso ha apostado por medidas que permitan acabar con la escasez de oferta, muy al contrario que «limitar los precios, intervenir la vivienda de los particulares, poner trabas al emprendimiento, a la compra, el alquiler o cualquier otra acción libre que nace de manera voluntaria del ciudadano y de la empresa», políticas distintas a sus planes con los que pretende promover el incentivo, la creatividad, el crecimiento y la atracción de inversiones a la región.