La Generalitat pedirá que no se multe a Spanair

BARCELONA– Además de dejar a 4.000 personas sin trabajo –de forma directa e indirecta– y una deuda de 500 millones de euros, la quiebra de Spanair deja un paquete con material inflamable a la Generalitat. Para evitar que este combinado de nitroglicerina y dióxido de silicio le explote en las manos, el Govern trata de gestionarlo con suma prudencia. Con tanta que ayer pecó de cauto. Pese a los esfuerzos invertidos en prolongar la vida de Spanair –140 millones de euros–, se desvinculó de la caída de la compañía aérea alegando que la gestión de la aerolínea no era su responsabilidad.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, evitó responder a la retahíla de preguntas sobre el desplome de la compañía aérea. Aunque ha inyectado en el proyecto millones de euros para hacerlo viable, no respondió qué cantidad pretende recuperar la Generalitat, ni cómo afronta su doble condición de acreedora y accionista, ni qué piensa de que el empresariado catalán haya guardado el más absoluto silencio sobre la caída de la aerolínea. Homs se lavó las manos y derivó las explicaciones a las comparecencias que los consejeros de Economía y Conocimiento, Andre Mas-Colell, y de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, realizarán en el Parlament «lo antes posible».

Tan precavido se mostró Homs, que cuando se le preguntó por si la Generalitat pedirá a Fomento que retire la multa a Spanair se fue por los cerros de Úbeda. «Este fin de semana, hemos estado trabajando codo a codo con Fomento y supongo que actuará de acuerdo con la Ley», comentó. Cuando lo cierto es que la Generalitat pedirá a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que reconsidere la multa a Spanair.

El Govern dejó la petición en manos del director de Transportes y Movilidad de la Generalitat, Ricard Font. Desde Lérida, Font emplazó al Gobierno a reconsiderar la multa a Spanair con el argumento de que «entendemos que en todo momento ha estado informado a través del director general de Aviación Civil».

Spanair se enfrenta a una sanción de hasta 9 millones por dejar de operar de un día para otro sin previo aviso. Pero como la aerolínea ha presentado el concurso de acreedores, las multas son las últimas deudas que se pagan.

Mediar con los trabajadores
Antes de dar explicaciones ante el Parlament de Cataluña, el Gobierno catalán allanó el camino a sus consejeros. Homs recordó que la apuesta por Spanair fue una operación auspiciada por una parte de la sociedad civil que empezó el anterior Gobierno. Aunque admitió que tras relevar al tripartito al frente de la Generalitat CiU apostó por el proyecto de Spanair «desde la perspectiva de país y de negocio», también aseguró que «llegó un momento en que el Govern no podía hacer más».
Homs acotó el papel del Govern para recolocar a los trabajadores afectados al de simple autoridad laboral, como en cualquier otro conflicto». Y reconsideró que sus competencias para ayudar a Vueling a convertir El Prat en un hub internacional son «limitadas».

Las agencias piden un fondo de garantía
Las agencias de viaje pidieron ayer un fondo de garantía que proteja a los usuarios ante las crisis de las aerolíneas y, de paso, a las propias agencias en el comercio de los billetes. Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Turoperadores (Ceavyt), señaló que «no se puede consentir que en cinco años hayan cerrado tres compañías (Air Madrid, Air Comet y Spanair), y que no se cuente con un seguro que cubra sus crisis». Gallego llegó a cifrar esta garantía en un euro por pasaje, lo que supondría una buena fórmula si se tiene en cuenta que en España se venden casi 12 millones de billetes al año.