El PP irá a los tribunales si Griñán convoca las autonómicas en mayo

SEVILLA- Es una posibilidad que apuntó recientemente el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y que ha levantado las iras de los populares. La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, anunció ayer que su formación acudirá a los tribunales si finalmente Griñán convoca las elecciones autonómicas en mayo, dos meses después de que expire la legislatura. Según Oña, la Constitución no permite este extremo, que de llevarse a efecto situaría a Andalucía «en el mayor de los ridículos».
«Se quiere agarrar a un clavo ardiendo para tener algo de estímulo, puesto que nadie reconoce su liderazgo», aseguró la dirigente popular, quien elevó aún más sus críticas al comparar al presidente de la Junta con Hugo Chávez. «Como me interesa quedarme, cambio la Constitución. Eso lo hace Hugo Chávez», denunció Oña, al tiempo que instó a Griñán a «no utilizar a los andaluces como herramienta que justifique la artimaña».
El argumento esgrimido por el Ejecutivo para pedir esta prórroga es la tramitación de varias leyes de calado. Oña se encargó de desmontar una por una las iniciativas que se encuentran en trámite parlamentario, como la ley de autónomos, «que ya ha presentado el PP hasta en cuatro ocasiones y que entendemos que debería estar aprobada ya». Sobre la ley de cajas, censuró que el PSOE «ha intervenido en ellas hasta que las ha dinamitado». De hecho, la ansiada caja única –una de las principales aspiraciones del ex presidente de la Junta Manuel Chaves– también ha caído en saco roto. «Hemos pasado el sueño de la caja única a su desaparición», sostuvo Oña.
Sobre la ley que no permite compatibilizar los cargos de alcalde y parlamentario, la dirigente popular la entendió como un «castigo a los regidores populares por haber perdido el PSOE los comicios». Además, Griñán «ha incumplido su palabra porque dijo que las reglas de juego se cambiarían por consenso».
También echó por tierra otras iniciativas, como la licitación público-privada. «En 2010 se prometieron inversiones por valor de 2.000 millones de euros y se licitaron sólo 200». El plan de bilingüismo, las ayudas para la compra de viviendas o la lucha contra el desempleo constituyen otros «claros incumplimientos».