El boicot de Rubalcaba

MADRID-Dos derrotas electorales sin paliativos, sólo 110 diputados en el Congreso, una reducción más que notable de sus recursos financieros… La pérdida casi absoluta del poder local y autonómico y la falta de un grupo parlamentario amalgamado en la Cámara Baja han convertido a Andalucía y el País Vasco en territorios clave para el PSOE. Y no sólo porque estos sean los dos únicos gobiernos regionales que mantiene, sino también porque se ha decidido que desde allí se haga la verdadera oposición al Gobierno de Mariano Rajoy. No será tanto con la palabra, que también, sino sobre todo con una gestión económica que se separe de los ajustes dictados por Madrid. Los socialistas se han conjurado para rebelarse contra los recortes del PP, usar a José Antonio Griñán y Patxi López de arietes contra las reformas y de paso demostrar que se puede combinar austeridad y políticas de crecimiento para salir de la crisis. De momento, el Gobierno vasco ha anunciado que seguirá atendiendo en la sanidad pública a los inmigrantes irregulares en contra de lo decretado por Madrid, pero también que llevará ante el Constitucional la decisión del Consejo de Ministros. Lo mismo hará el Gobierno de Griñán en cuanto se constituya , pero hasta entonces ya ha anunciado que no tiene intención de aplicar la reforma laboral aprobada por el PP en la Administración pública.

La dirección federal del PSOE aplaude, sin duda, los recursos anunciados por Griñán y López, si bien rechazan valorar el impacto que esta decisión puede tener en el acuerdo de gobierno que socialistas y populares tienen en el País Vasco. Elena Valenciano, número dos de los socialistas, dijo ayer que tanto López como Griñán quieren dejar claro que sus gabinetes garantizarán los servicios públicos y que la sanidad debe ser universal, sin hacer «distinciones». En materia de sanidad y educación no habrá entre PSOE y PP más espacio que para la confrontación y el desacuerdo. Claro que lo aprobado por el Gobierno de Rajoy en sendas materias no obliga a ninguna Comunidad, tan sólo facilita los instrumentos legales para que puedan ser utilizados si así lo desean. Lo que sí es de obligado cumplimiento es el objetivo de déficit público que para este ejercicio se ha fijado en el 1,5 por ciento del PIB para el conjunto de las Autonomías. De lo contrario, se aplicará la Ley de Estabilidad, que en caso de incumplimiento establece sanciones e incluso la intervención de las Autonomías. ¿De dónde piensa recortar Griñán el presupuesto hasta los 2.700 millones que debe ajustar este año? Aún es un misterio, pero tendrá que hacerlo sí o sí. Y España entera está expectante, en especial el Ministerio de Hacienda.

Más allá de la Sanidad y la Educación si hay algún asunto en el que puedan entenderse –y así lo han hecho hasta ahora- socialistas y populares es en lo que compete al sistema financiero, aunque también podría haber entendimiento en la revisión de las competencias que ejercen los poderes públicos de la que habló el presidente del Gobierno el pasado jueves. Y es que Rubalcaba, recordó ayer Valenciano, ya pidió a Rajoy en el debate de investidura impulsar un pacto en este sentido para reducir la administración y ver de qué manera puede ser «más ágil» y «más barata». El PSOE defiende que la reforma de la administración debe formar parte de los «consensos clave» para esta legislatura, si bien lamenta no haber recibido aún ninguna llamada del Gobierno para hablar sobre ella. Precisamente, Valenciano censuró ayer que Rajoy no hable con el principal partido de la oposición de grandes reformas como la de las Administraciones Públicas o la del sistema financiero, que es «la madre del cordero» y uno de los elementos que genera «más dudas» sobre España: «El presidente gasta poco en teléfono, aquí no ha llamado», fueron sus palabras, antes de avisar, eso sí, que en cuanto a la reforma financiera y la intención del Gobierno de regular la creación de las sociedades que sirvan para aislar los activos inmobiliarios tóxicos de la banca no deben costar un euro de dinero público.
 

El Gobierno advierte a oposición y CCAA de que tienen que cumplir
El doble rasero del PSOE en lo que a la reordenación de competencias se refiere no pasó desapercibido para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Por un lado, los socialistas muestran su disposición a dialogar para evitar duplicidades entre adminis-traciones, pero al mismo tiempo, el Gobierno vasco y su lendakari Patxi López recurrirán ante el Tribunal Constitucional para denunciar al Estado por ejercer determinadas competencias. «Alguna comunidad gobernada por el partido que se ofrece a hablar de duplicidades anuncia recurso de inconstitucionalidad. Apreciamos cierta diferencia en la interpretación de cuál debe ser el reparto competencial», subrayó la vicepresidenta no sin cierta ironía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pese a la decisión de López, Sáenz de Santamaría se mostró agradecida por la posibilidad del consenso, calificando de «positiva» la respuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba a la oferta del presidente del Gobierno. Haremos «todos los esfuerzos para llegar a acuerdos con la oposición» y porque es un «objetivo de todos», concluyó la vicepresidenta, informa C.Castro.