El juez imputa a los organizadores de la fiesta de Halloween

MADRID- Diez días después de la dramática avalancha que se produjo durante la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 51, que investiga las causas que rodearon a la muerte de Rocío, Cristina, Katia y Belén aquella madrugada, Eduardo López Palop, ya ha señalado a tres posibles responsables de la tragedia.

A lo largo de la semana deberán declarar en calidad de imputados el gerente de la empresa Diviertt, organizadora del evento, Miguel Ángel Flores; un responsable legal de Kontrol 34, empresa encargada de la seguridad en el interior, y un representante legal de Seguriber, compañía que debía velar por la seguridad en el exterior del recinto ferial de la Casa de Campo. También deberá comparecer el encargado de tramitar las cesiones de los locales municipales en el Ayuntamiento de Madrid.

Desde el pasado 1 de noviembre, todos ellos se han lanzado a un cruce de acusaciones en el que ninguno quiere asumir responsabilidad alguna de lo sucedido. El único imputado con nombres y apellidos, Miguel Ángel Flores, reaccionó rápidamente a la denuncia del consistorio de que Diviertt había mentido respecto al número de personas que entraron en la fiesta. El empresario, que se inició en el mundo de la noche como go-go y es propietario de la sala Macumba, entre otras discotecas, cargó la responsabilidad de la «invasión» de decenas de jóvenes que hacían botellón en los alrededores del Madrid Arena a Seguriber, que controlaba el exterior y lanzó balones fuera sobre la sospecha de reventa masiva de las entradas.
También Kontrol 34, que aparece en el anexo del contrato de Madrid Espacios y Congresos –empresa municipal que gestiona el recinto en la Casa de Campo– con Diviertt como responsable de la seguridad interior, emitió un comunicado en el que se desvinculaba de la empresa de Flores y aseguraba que tan sólo fueron contactados para facilitar los números de teléfono de algunos de sus empleados para que fuesen contratados a título personal para el evento.

En el caso de Seguriber, la empresa se limitó a señalar que cuenta con la concesión de la seguridad de todo el recinto ferial de la Casa de Campo, a través de un concurso público. Durante la fiesta, Seguriber desplegó un dispositivo extraordinario para el evento, como se realiza habitualmente, y que encarga Madrid Espacios y Congresos, aunque es la empresa que alquila el recinto la que corre con los gastos de la seguridad añadida. Seguriber controló las puertas de acceso al recinto ferial –situadas algunas a dos kilómetros del Madrid Arena– donde requisó algunos materiales peligrosos.

El responsable del contrato
El juez López Palop también ha requerido que el Ayuntamiento de Madrid le comunique qué Concejalía es la encargada de tramitar la cesión de los locales municipales para este tipo de eventos, de modo que sea el responsable de esa Concejalía quien acuda a declarar como testigo. El consistorio madrileño, que los primeros días aportó los datos facilitados por Diviertt sobre el Thriller Music Park, presentó una demanda a dicha empresa por «mentir» en los datos que aportaron sobre el aforo después de que el atestado policial abierto al respecto revelase que fue «claramente sobrepasado».

De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 51 ha requerido a la Policía Científica que, tal y como adelantó LA RAZÓN, haga una simulación en 3D para establecer el número de personas que siguieron la actuación de Steve Aoki aquella noche, mediante un software que también se utiliza para contar los asistentes a una manifestación.

Por otro lado, López Palop también ha invitado a los familiares de las cuatro víctimas mortales y de la jóven María Teresa que lucha por su vida en la Fundación Jiménez Díaz tras ser aplastada por la avalancha del Madrid Arena, a que se personen en las actuaciones judiciales como acusación particular.

Un informe municipal previo para las macrofiestas de Nochevieja
El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, se reunió ayer con los representantes de asociaciones de espectáculos públicos para tratar dos asuntos de plena actualidad: la ampliación de horarios nocturnos en Navidad y la seguridad que garantiza la actual ley de espectáculos públicos al ocio nocturno. En primer lugar, Victoria aseguró que la «ley establece que los ayuntamientos son los competentes para poner las condiciones de la actividad y el horario de funcionamiento, por lo que entendemos que las ampliaciones las deberían controlar las administraciones locales». En este sentido, añadió que «no se tramitará ninguna solicitud que no cumpla los requisitos ni se autorizará ninguna ampliación de horario sin previo informe favorable de los ayuntamientos». Por último, con respecto a la ley de espectáculos públicos, Victoria señaló que el «marco normativo vigente es muy seguro y los hechos lo acreditan. El año pasado se celebraron 13.000 conciertos en 50 salas y no hubo ningún incidente». Además, aseveró que lo que hay que hacer es cumplir la ley y que el Gobierno regional trabajará para que así sea, informa A. Elvira.