Las adicciones las paga el Estado

La adicción es una enfermedad. Esta afirmación, que parece más o menos evidente, no acaba de calar en la sociedad. Por eso, la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de la Droga, que se reunió el pasado lunes en Córdoba, elaborará una serie de recomendaciones para ser discutidas en el Pleno del Congreso.

En primer lugar, la Comisión pedirá que la drogadicción sea tratada como una enfermedad crónica sanitaria asumible por el Sistema Nacional de Salud. «Actualmente hay una cierta dualidad a la hora de atender al paciente», apunta Gloria Gómez, portavoz socialista en la Comisión. Y es que, el objetivo se centra en que «un enfermo adicto a las sustancias, cuando vaya al médico, todo el proceso de su tratamiento y cura esté integrado dentro del proceso del Sistema Nacional de Salud».

Otras patologías
Sin embargo, como recuerda Jesús Aguirre, senador del PP y miembro de la Comisión, el término «adicción» ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no abarca sólo el problema de las sustancias ilegales. También existen adicciones «legales». Por ello, la ponencia de la Comisión recoge la opinión de los expertos que han participado en la misma, que recomiendan que personas con otros problemas patológicos como la adicción al juego, a internet o a las compras compulsivas «sean tratados como un adicto más».

«Se trata de enfermos crónicos y el problema debe abordarse desde una patología», añade Aguirre. Por su parte, Gloria Gómez señala que el texto «hace una referencia a adicciones que nos tienen que preocupar». El documento ha contado con la participación de unos 60 ponentes y su contenido se cerrará el 28 de abril. A la hora de hacer referencia a la drogadicción como enfermedad, una de las intenciones de los ponentes es «que en la sociedad se normalice el concepto de adicción, que sufre cierta estigmatización», afirma Gómez.

Pero sobre el texto planea la idea de que, «como cualquier otra enfermedad, la drogadicción debe de ser atendida por el Sistema Nacional de Salud», dice Aguirre. Y es que, dependiendo de la comunidad autónoma donde resida, «un drogodependiente es atendido por un ayuntamiento, otro por su diputación provincial, y otros, por una ONG». Así, el objetivo es que el tratamiento se desarrolle de una manera unísona en toda España. «Hay pacientes que creen que el problema no lo trata la Sanidad Pública», asegura por su parte Gómez.

Uno de los portavoces de la Comisión, el diputado popular Ángel Pintado, afirma que no existe actualmente una integración de estas enfermedades dentro del Sistema Nacional de Salud. La novedad radica en que el sistema asume desde el principio al enfermo como uno más para luego derivarlo a donde corresponda, señala. Otro de los aspectos en que se hace hincapié es la necesidad de fomentar la formación de los médicos de atención primaria.

La ponencia también ha tenido en cuenta los cambios sociológicos que se han producido en España en los últimos tiempos y ha tomado la determinación de reforzar la estrategia para prevenir y tratar los casos de drogadicción que afectan cada vez más a los jóvenes. Otros de los puntos a tener en cuenta es la recuperación de las políticas de reinserción, claves para la recuperación de los adictos, «especialmente en el ámbito de la familia y del empleo», indica Pintado.

Los expertos que han participado en la ponencia afirman que existe la posibilidad de que exista una predisposición genética a la adicción a determinadas sustancias, si bien no se puede afirmar categóricamente. Según la portavoz socialista en la Comisión, otra de las recomendaciones es extender y generalizar los controles antidroga al volante, del mismo modo que se realizan para detectar elevados niveles de alcoholemia. Además, Gómez señala que este tipo de controles «han de mejorar su efectividad».

Otro de los retos es erradicar las drogas de las cárceles españolas. En la actualidad, el 85 por ciento de los reclusos tiene relación con estas sustancias, ya sea de tráfico o de consumo. «Hay que trabajar con las instituciones penitenciarias para que las cárceles sean verdaderas escuelas de salud», apunta Pintado.

No obstante, el mayor reto consiste en mandar un mensaje de coordinación a las comunidades autónomas. Actualmente existe desorganización en la prestación de los tratamientos para combatir las adicciones por parte de las regiones, que por el momento no tienen claro cual es el mejor modelo para conseguir una integración de estas enfermedades en el sistema. El portavoz popular apuesta por incorporar a todas las políticas sanitarias la evaluación de estas enfermedades.