La Justicia para la búsqueda de Lorca

La tumba que alberga supuestamente los restos del poeta granadino Federico García Lorca, en la localidad de Alfacar, no sufrirá más sobresaltos. Al menos, en lo que se refiere a la actuación judicial. Cuestión distinta será que, a través de la vigente Ley de Memoria Histórica, pueda nuevamente investigarse si efectivamente yace en ese lugar el autor de «La casa de Bernarda Alba», «Llantos por Ignacio Sánchez Mejías» o «Poeta en Nueva York».

La Justicia ha puesto punto y ¿final? –ya que cabe recurso – a las actuaciones seguidas en un juzgado de Granada por un presunto delito de múltiples detenciones ilegales de personas durante la Guerra Civil y posterior dictadura del general Franco.

La jueza Aurora Fernández, quien ya anteriormente rechazó asumir la causa de las exhumaciones de la referida fosa, da carpetazo a la denuncia presentada por la Asociación para la Memoria Histórica con argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo en marzo de 2012, cuando resolvió la cuestión de competencia, y en la sentencia que absolvió al ex juez Garzón de prevaricación por su investigación del franquismo.

En concreto, alude la magistrada a los principios de legalidad, irretroactividad de las normas procesales, la prescripción de los hechos investigados y la Ley de Amnistía de 1977, confirmada en julio de 2011 por el Congreso, tal como destacó el Supremo.

En la resolución de marzo de 2012 del citado tribunal, en la que justifica en buena parte la magistrada su resolución, se destacaba ya que la irretroactividad de las normas penales desfavorables impiden operar con la categoría de «delitos contra la humanidad» para tratar procesalmente «las acciones criminales de las que fueron víctimas las personas a las que se refieren las denuncias», y que, además, esas acciones «deben considerarse prescritas».

En manos de la Administración
Pero, a la vez, se reconoce que las previsiones de la Ley de Amnistía y de la conocida como de la Memoria Histórica, «están pendientes actuaciones concretas en orden a la localización y recuperación de los restos, para dignificar a los asesinados y dar efectividad a la reconciliación perseguida» por la primera de esas leyes.

Con estos argumentos, la jueza archiva de forma definitiva el procedimiento penal abierto. Pese a ello, deja claro que ese pronunciamiento no impide que se pueda aplicar la Ley de Memoria Histórica, donde se atribuye a las administraciones públicas «la función relativa al levantamiento de fosas, incluidas las que se encuentran en el partido judicial de Granada». De llevarse a cabo la apertura en la que supuestamente reposan los restos de Lorca y encontrarse evidencia de ellos, se tendrá que poner en conocimiento de la magistrada.

70.000 euros sin resultado
La búsqueda de los restos de Lorca tuvo lugar en 2009, en una operación en la que colaboraron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada y la Junta de Andalucía (en la imagen, José Antonio Lorente, investigador de la Universidad de Granada) y que fue un sonoro fracaso. Las pesquisas costaron más de 70.000 euros y nunca se presentó el informe con las conclusiones finales. Pero el caso no está cerrado. El investigador Miguel Caballero ha pedido que se investigue la posible localización de restos humanos en un parque de Alfacar, haciéndose eco de la noticia que publicó este diario el 3 de septiembre.