Lewis Hamilton
Empleo creó un concurso ficticio para un jefe que ocupó la plaza meses antes
La adjudicación, por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de una jefatura de Formación Profesional en la delegación de Sevilla es un caso paradigmático de un proceso cerrado de antemano, antes incluso de que salga la convocatoria pública para cubrir el puesto. Daniel Fito comenzó a trabajar y se presentó como responsable de área dos meses antes de que el SAE resolviera la plaza a su favor.
Sevilla- La cronología de los hechos es reveladora. El 16 de septiembre, a través de un correo interno, el SAE convoca para el día 20 de ese mes a todo el personal adscrito al Departamento de Seguimiento de F. P. O. El principal punto del día es la presentación, por parte de la delegada provincial en Sevilla, del nuevo jefe del Servicio de Formación Profesional para el Empleo, Daniel Fito.
Un día después de la presentación ya es el nuevo jefe de servicio el que envía un email interno dando las primeras instrucciones. Concretamente, sobre las subvenciones del programa «Prepara», destinado a la recualificación de personas desempleadas.
La convocatoria para cubrir el puesto de Formación Profesional para el Empleo no aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hasta el 22 de septiembre, en virtud de una resolución del 9 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo. Se trata de un cargo de libre designación. Sin embargo, las bases dejan claro que puede participar «el personal funcionario que reúna los requisitos señalados». Para ello tendrán que aportar el currículum vitae y una serie de documentos, entre ellos la justificación compulsada de méritos. Fuentes de toda solvencia aseguraron a LA RAZÓN que hubo numerosas personas que, no sabiendo lógicamente que la adjudicación estaba dada de antemano, concursaron para obtener la plaza. Uno de los mayores atractivos es el económico. Sólo el complemento específico asciende a 18.945 euros anuales.
La adjudicación del puesto de trabajo salió publicada en el BOJA el pasado 24 de noviembre, en una resolución firmada por el director-gerente del SAE, Pedro Eugenio Gracia. Debido a un error el cargo se denomina Servicio de Planificación y Escolarización, adscrito a la Consejería de Educación. Lo que no falla es el código del puesto de trabajo, idéntico al de la convocatoria de la plaza: 1680410, tal y como se puede comprobar en los documentos que se reproducen arriba de estas líneas. El adjudicatario es Daniel Fito García, que lleva ya dos meses desempeñando el puesto. Fito tiene un largo recorrido en puestos similares. Su cargo anterior también era una jefatura de libre designación: director territorial Sevilla-Norte del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla.
Desde el SAE han alegado a personal interno, según ha podido saber este periódico, que Daniel Fito estaba desempeñando la jefatura del Servicio de Formación Profesional para el Empleo con un nombramiento de provisionalidad, a través el artículo 30 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. Esta polémica vía, a la que el Gobierno andaluz puede acudir por razones de «urgencia u oportunidad» y que ya ha sido en innumerables ocasiones diana de críticas, debe ceñirse también a los principios de «publicidad, igualdad, mérito y capacidad». Unos principios que tampoco se habrían cumplido, ya que fuentes conocedoras aseguran a LA RAZÓN que no hay ni siquiera rastro de la convocatoria en el registro de documentos. Es decir, que no existió procedimiento administrativo alguno.
¿Qué puede pasar si un tribunal declara nulo este puesto? Entonces se podrían declarar nulas todas las órdenes que ha firmado Daniel Fito en estos meses. No hay olvidar que este área se ocupa, por ejemplo, de la resolución denegatoria o afirmativa de los cursos de formación.
El BOJA del pasado 24 de noviembre recoge en la adjudicación del puesto que «contra la resolución (...) podrá interponerse recurso de reposición ante esta misma Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo en el plazo de un mes o recurso ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo (...) en el plazo de dos meses».
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