Imputado un inscrito fuera de plazo en el ERE de Mercasevilla de 2007

La juez que instruye el «caso Mercasevilla», Mercedes Alaya, ha imputado por fraude a José Antonio Rivera Martín, un trabajador que fue inscrito en el expediente de regulación de empleo de 2007 (ERE) cuando éste ya había sido cerrado y aprobado por la Consejería.

Zoido conversa con Arenas, ayer en el Parlamento
Zoido conversa con Arenas, ayer en el Parlamento

Se da la circunstancia además de que firmó su último contrato laboral con el mercado central el 16 de abril de 2007, el mismo día en el que se produjo la solicitud del ERE al que finalmente se acogió.

El juzgado de Instrucción número seis ha comunicado la imputación al trabajador mediante un burofax y le ha instado a que designe un abogado y un procurador que representen sus intereses, si bien no ha sido citado a declarar, según confirmaron fuentes del comité de empresa.
Este caso era uno de los que la juez Alaya había ordenado investigar en un auto del pasado mes de enero, tras haberse detectado indicios de más irregularidades en las prejubilaciones, tal y como ocurrió en los ejemplos de Antonio Garrido Santoyo y Carmen Fontela González.

En ese mismo auto, la magistrada había solicitado a la dirección del mercado central el contrato de trabajo suscrito con José Antonio Rivera Martín el 16 de abril de 2007. Su inclusión en el ERE fue aprobada el 17 de mayo por el que entonces era el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, también imputado en el «caso Mercasevilla», a pesar de que diez días antes ya había sido aprobado y cerrado el expediente.

«Dentro de la legalidad»

A pesar de las sospechas que rodean a la prejubilación de este trabajador, por haber firmado su contrato el mismo día que se solicitó el ERE y ser incluido en éste fuera de plazo gracias a la mediación de la Delegación de Empleo, el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, aseguró ayer que su caso «está dentro de la legalidad».

Domínguez alegó que Rivera Martín prestaba sus servicios en la empresa desde 1999, aunque con la categoría de fijo discontinuo, por lo que pertenecía a la bolsa de contrataciones de Mercasevilla, que estaba obligada a hacerle fijo en cuanto hubiera una vacante.

Según la tesis del presidente del comité, si se hizo un añadido a la lista de prejubilados aprobada por la Junta fue precisamente «para suplir un error administrativo que había dejado fuera a este trabajador aunque cumplía todos los requisitos». Por ello, Domínguez aseguró que «estamos muy tranquilos pese a todo porque no hay nada ilegal» y confirmó que CC OO le ha proporcionado un abogado al imputado.


La Diputación tampoco investigará
El PP también reclamó ayer que la Diputación abra una comisión de investigación sobre los ERE irregulares y que se informe sobre la posible existencia de convenios para financiarlos. El portavoz popular, Juan Bueno, instó a «aclarar en lo posible este escándalo», mientras que el PSOE le reprochó su «desconocimiento flagrante» pues la Diputación «no tiene oficialmente competencias en materia de legislación laboral».