La Junta defiende su política de ERE cuestionada por la Justicia

La Junta de Andalucía se empecina en su estrategia del tupido velo pese a que la juez Mercedes Alaya ya ha entrado hasta la cocina de la Consejería de Empleo para investigar todas las ayudas públicas concedidas para financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) desde 2002, con el objetivo de esclarecer las irregularidades detectadas en los dos procesos emprendidos en Mercasevilla y en cualquier otro que pueda surgir. El Gobierno autonómico justificó ayer su política de ERE y prejubilaciones, aunque la magistrada haya iniciado estas nuevas indagaciones cuestionando no sólo el procedimiento aprobado en 2007 para el mercado central de abastos, sino todo el sistema de regulaciones laborales subvencionadas.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, defendió «con carácter general» la gestión autonómica de los ERE y prejubilaciones en empresas en crisis, sobre todo porque «ha habido muchas en los últimos años».

De hecho, repitió que los miembros del Ejecutivo andaluz «somos los primeros interesados en que se esclarezca cualquier tipo de irregularidad que se haya podido producir», más cuando la investigación en ciernes «surgió por una denuncia de la Junta». Se refería, de nuevo, a la información facilitada por la Dirección General de Comercio a la Fiscalía sobre la presunta petición de comisiones ilegales al Grupo La Raza por parte de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, aunque fue otra denuncia del Partido Popular la que precipitó la apertura de la primera de las tres causas judiciales sobre el mercado central.

Frentes abiertos
La segunda gira en torno a la venta presuntamente fraudulenta de los suelos y la tercera busca presuntos delitos societarios. En esta última rama se investigan los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007. Moreno reiteró que el Gobierno autonómico mantiene «desde el minuto uno» la máxima colaboración con la Justicia al respecto.

No obstante, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, volvió a pedir una comisión parlamentaria para iniciar «una investigación a fondo» sobre las regulaciones subvencionadas por Empleo, porque «se dijo que estaba todo limpio y, según se va conociendo, hay todo tipo de problemas». En su opinión, las pesquisas de la juez Alaya indican que «desgraciadamente, tenemos a la vista un escándalo monumental».

Para el secretario provincial del PSOE y consejero de Empleo en la aprobación del primer ERE, José Antonio Viera, su partido asume «sus responsabilidades políticas» en Mercasevilla, aunque no ha habido más dimisiones que la del anterior delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, tras su imputación formal por las presuntas comisiones ilegales.

En declaraciones a Radio Sevilla, Viera matizó que la Ley debe «actuar con toda crudeza» contra cualquier persona «vinculada o no al PSOE» sobre la que se demuestre alguna responsabilidad penal en Mercasevilla. Hasta entonces, advirtió de que «no vamos a permitir que el PP convierta una imputación en una condena».

Para el secretario provincial del PP, Juan Bueno, la depuración de responsabilidades debe empezar por el mismo Viera, ya que en su etapa de consejero «inventó» el sistema de ayudas a las prejubilaciones ahora cuestionado por la juez Alaya y que se está convirtiendo en «una de las más importantes tramas de corrupción política en Andalucía». Se refiere al convenio que firmó en julio de 2001 con el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández –su sucesor después al frente de Empleo– para el pago de los ERE mediante pólizas de seguros.


Los afectados
Aunque por motivos bien diferentes a los de la Junta, el comité de empresa también defendió ayer el ERE de 2007 pese a las dudas de la juez.
- Los trabajadores esgrimen que la segunda regulación laboral en Mercasevilla se ajusta a la Ley porque nace del consenso entre las partes (empresa y comité) y «no vulnera la Constitución», al no existir dolo o voluntad de cometer un delito.
- El mismo argumento utilizan los sindicatos para defender la inclusión en el ERE de los empleados de la Fundación Mercasevilla.
- A una «corrección» achaca el comité la inclusión de Ana María D. V. en dos listados de trabajadores afectados por el ERE de 2003 con cantidades diferentes a percibir.
- Dentro del ERE de 2007, la plantilla justifica que Silvia María P. P. y María Rocío P. P. se beneficien de los «préstamos por anticipo» adjudicados a los empleados Juan José J. T. e Ignacio P. S. tras su fallecimiento, al desvincularse Empleo del pago de las nóminas.
- También avalan la integración de José Antonio R. M. en la regulación de 2007 pese a que fue inscrito fuera de plazo, recordando que su vida laboral prueba su vinculación eventual con la empresa desde 1999.