El miedo a la palabra rescate

MADRID- Está comenzando a desbancar a la prima de riesgo como ese término maldito del que nadie quiere hablar. Es el miedo al rescate que sobrevuela a varias comunidades autónomas, después de que el Gobierno haya fijado su punto de mira en el disparado déficit y nivel de endeudamiento que presentan varias de ellas. De momento, sólo la Comunidad Valencia se ha acogido a la ayuda que ofrece el Ejecutivo a través del fondo de liquidez. Pero dos de las comunidades apercibidas por el Gobierno –Cataluña y Murcia– se plantean ya acogerse a este mecanismo voluntario de 18.000 millones para hacer frente a los vencimientos de deuda y el pago a proveedores.
En Cataluña no quieren ni oír hablar de intervención. Por ello, su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell lo ha repetido hasta la saciedad. «Cataluña está lejos de una intervención en base a la Ley de Estabilidad», aseguró ayer en una entrevista al diario italiano a «La Repubblica», algo que ya había dicho apenas unas horas antes. Eso sí, por contra, admitió que estudian las condiciones previstas para acogerse a este mecanismo, después de que el Ejecutivo se negase a crear los denominados «hispabonos». Una ayuda que no se plantea pedir Castilla-La Mancha, según señalaron ayer a Efe fuentes del Gobierno que preside María Dolores de Cospedal. Eso sí, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha defendido en varias ocasiones la necesidad imperiosa de su comunidad de conseguir nuevas vías de financiación más allá del mecanismo de pago a proveedores.
Más polémica hubo ayer en Murcia a raíz de una entrevista al presidente Ramón Luis Valcárcel en el diario «La Opinión de Murcia», en la que se aseguraba que la comunidad se acogería al citado fondo por valor de entre 200 y 300 millones de euros. El desmentido por parte del Gobierno murciano llegó poco después en forma de comunicado, en el que negaba «rotundamente» y matizando que Valcárcel se refería a la propuesta de hispabonos y no al mecanismo puesto en marcha por el Gobierno central. Eso sí, reiteraban su posición de que «estudian» acogerse al mecanismo de financiación, aunque todavía no «hay ninguna decisión al respecto».
En el lado opuesto están las autonomías que niegan por completo que vayan a acogerse al fondo de liquidez. Andalucía es, sin duda, la más tozuda en ese aspecto, pese a que tiene vencimientos de deuda de 1.493 millones de euros para este año y un déficit de 3,22 en porcentaje del PIB. Y lo que es peor, la advertencia del Gobierno de que ha de rebajar estas cifras para no ser intervenida. Sin embargo, ayer la consejera de Presidencia de la Junta, Susana Díaz, reafirmó las palabras de Diego Valderas en las que descartaba recurrir a la ayuda del Estado. «El Ejecutivo andaluz no pretende acogerse al mecanismo de liquidez autonómica» porque «va más dirigido a limitar las competencias autonómicas de las distintas comunidades que a facilitarles liquidez», aseguró Díaz.
Y en la misma línea se manifestó ayer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Bien es cierto que la situación de su comunidad es diferente, con un 2,1% de déficit y 436 millones de vencimiento para 2012. «Galicia no pedirá un rescate porque está blindada contra una medida de este tipo, puesto que se trata de la autonomía más solvente», aseguró Feijóo, sumándose a la postura adoptada por los gobiernos de Canarias, Castilla y León, Baleares y Extremadura.