El recorte salarial pone en jaque al turno de oficio

SEVILLA- El Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha registrado una iniciativa con un objetivo: que el consejero de Justicia, Emilio de Llera, explique las «argucias» de su departamento para «imponer» a los abogados y procuradores que prestan servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio y en el de guardia cambios en sus retribuciones que «supondrían prácticamente el desmantelamiento» de éstos.

El portavoz popular de Justicia, Juan Ramón Ferreira, explica que la consejería ha elaborado una orden en la que se fija una reducción de «hasta un 18%» de los ingresos de este colectivo, mientras se contempla un «incremento» de sus servicios. Según Ferreira el documento fue redactado «a finales de julio» y trasladado a este grupo de letrados «a tres días hábiles del inicio del periodo de inactividad del mes de agosto». En ese sentido, el popular lamenta que la Junta se haya limitado a «imponer» sus criterios sin contar con los colegios profesionales.

Justicia reconoce que ha planteado a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores una poda del 10% en el salario de estos profesionales para garantizar el servicio de asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, Ferreira asegura que la bajada llega «en algunos casos» al 18%, del que «el 10 procede de recorte directo y más del 8% es consecuencia de la no actualización del IPC en los últimos años». Con todo, cree que la orden puede anularse, ya que la Junta «sólo ha dado siete días de plazo para evaluarla», lo que vulneraría la ley.

Por su parte, el coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), Valentín Cortés, insta al Gobierno andaluz a «ponerse de acuerdo con el Ministerio de Interior o subvencionar sólo, como se hacía antes, los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad, suprimidos sin alternativa». La APDH calcula en 16.300 los presos afectados.