Muñoz firmó convenios urbanísticos «hasta en el capó de un coche»

A este respecto, quiso dejar claro que «me limité a seguir órdenes de don Jesús Gil, que me llamaba y me decía que había que hacerlo esto o lo otro» y añadió que «lo hice en confianza plena en Gil y en la ignorancia de que pudiera estar haciendo algo ilegal».

El ex regidor marbellí, que accedió al cargo en abril de 2002 tras la dimisión de su antecesor días antes de ser inhabilitado, afirmó que Gil «era quien negociaba directamente los convenios» y no el ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, de quien dijo «en materia urbanística poco tenía que decir, entre otras cosas porque la sede de Planeamiento estaba retirada de las dependencias municipales de urbanismo».

Muñoz, que se enfrenta a una petición por parte del Ministerio Público de 10 años de prisión por su presunta implicación en la trama de corrupción, abundó en que «en Marbella es público y notorio, no me lo invento yo, no se daba un paso sin que Gil no tuviera conocimiento de ello y diera su autorización».

En alusión a la «Operación Crucero Banús» que posibilitó que la edificabilidad de una parcela de Puerto Banús pasara desde los 500 hasta los 11.000 metros cuadrados, señaló que «me limité exclusivamente como alcalde accidental a firmar el convenio siguiendo instrucciones del alcalde; pero yo, ni lo escribo, ni lo dicto, ni sé absolutamente nada de nada, ni le hago ningún tipo de seguimiento».

El citado convenio firmado en el año 2001 generó beneficios de 6,3 millones de euros al ex primer teniente de alcalde, Pedro Román, al ex comisario de Policía Florencio San Agapito y al abogado de origen alemán Juan Hoffman tras adquirir la parcela en cuestión por 4,3 millones de euros, y venderla después al también imputado José Ávila Rojas por 10,3 millones.

A preguntas del abogado defensor del consistorio marbellí, Alberto Peláez, sobre las responsabilidades que se pudieran derivar de su firma en los convenios urbanísticos, Muñoz manifestó que «yo no era nadie para exigir nada al señor Gil, que era el alcalde, y el concejal de Urbanismo».

En otro orden de cosas, dijo no recordar si ya en el año 2001 existían procedimientos judiciales derivados de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, si bien afirmó que «sí es cierto que lo he sufrido en mis carnes, con razón o sin razón, porque me he comido tres años en la cárcel», en la que ingresó en julio de 2006 y abandonó en régimen de tercer grado dos años después.

El juicio por la «Operación Malaya», iniciado el pasado 27 de septiembre, se suspenden y se reanudará el 10 de enero en sesiones de lunes a miércoles para abordar pruebas relativas al bloque «Crucero Banús». Previsiblemente en febrero comenzará uno nuevo, también relativo a blanqueo de capitales, en el que están acusados una treintena de personas, la mayoría presuntos testaferros de Roca.