A por los últimos apoyos de ETA

En el objetivo prioritario de cercar a ETA y a su brazo político en todos los frentes hasta provocarles la asfixia, el Gobierno español ha tenido una iniciativa de un gran calado: el comienzo de una ofensiva diplomática con el fin de aislar a los asesinos y restarles todos los apoyos políticos que pudieran tener en el extranjero. Para ello, utilizará la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que supuso un duro revés para los radicales. Desde hace algunos días, los embajadores españoles están recibiendo una copia de la sentencia con el fin de dar a conocer su contenido. En ella se afrimaba que España «es un país democrático que impide que haya formaciones tapadera de una banda terrorista», y se especificaba con contundencia que los objetivos de Batasuna no eran otros que «completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública». Con esta sentencia, Estrasburgo respaldó y avaló la legalidad de la Ley de Partidos, pues se ha probado que es una de las herramientas más efectivas para que los cómplices de los terroristas queden fuera de las instituciones democráticas.De esta manera, la eficacia de la lucha antiterrorista conoce un nuevo eslabón. Además de la acción policial, la judicial y el esfuerzo constante –con los logros constatables– de movilizar a la opinión pública española, ahora se intenta concienciar a las autoridades y a la opinión pública extranjera. Es evidente que ni ETA ni ninguna de las siglas políticas bajo las que se han amparado sus acólitos tienen en la actualidad el mismo apoyo exterior que tuvieron en el pasado. Su renuncia a la violencia en un Estado plenamente democrático cada vez es menos asumible, comprensible y defendible. Pero todavía quedan algunos grupúsculos que, sin una gran relevancia en sus países, sí que se han puesto, o al menos lo han hecho en el pasado reciente, al servicio del entorno de ETA para maquillar su imagen en el exterior. No hay que olvidar que, en 2005, durante la «tregua», los etarras enviaron una misiva a varias embajadas extranjeras para pedirles su mediación y presionar así al Gobierno español. Y Batasuna logró formar un grupo de apoyo a la tregua de once eurodiputados, que se desactivó en cuanto los asesinos cometieron el atentado en la T-4 de Barajas. Tampoco conviene obviar las actividades de Askapena, que, bajo el paraguas legal de una ONG, es el brazo internacional de ETA. Aunque cada vez tienen menos predicamento, son especialmente activos en Iberoamérica ganándose adeptos en países como Venezuela, que es singularmente complaciente con los miembros de la banda que están allí instalados. Con estos antecedentes, el Gobierno acierta al plantear esta ofensiva diplomática que se basa en la trascendental sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Frente al habitual victimismo y la propaganda de la izquierda abertzales, que ha intentado difundir en el extranjero la imagen a España como un estado opresor que cercena los derechos del pueblo vasco, el Gobierno presenta una resolución judicial pulcra y rigurosa, tanto en la forma como en el fondo. Todavía es prematuro valorar la efectividad de esta iniciativa, pero a buen seguro dará sus frutos. Es importante dejar a la banda y a sus secuaces huérfanos de apoyos por testimoniales que sean. Y, aunque su desprestigio se potencia con cada atentado, es imprescindible que en el exterior sepan que Batasuna es una formación política ilegalizada y que está deslegitimada como interlocutora en cualquier foro puesto que es una amenaza para nuestra democracia