Aguirre impondrá los estatutos a Caja Madrid tras la oposición de la asamblea

madrid- La pelota está ahora en el tejado del Gobierno Aguirre, después del rechazo mayoritario expresado ayer por la asamblea general de Caja Madrid a aplicar los nuevos estatutos de la entidad adaptados a la reformada Ley de Cajas. El Ejecutivo autonómico dispondrá de un plazo de un mes, que comienza el 4 de abril y concluye el 4 de mayo, para redactar unos nuevos estatutos o decidir aplicar los enmendados ya por la Consejería de Economía a principios de este mes al consejo de administración de la entidad financiera. En cualquier caso, se verá forzado a aplicar el nuevo texto en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Cajas, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que modifica la correlación de fuerzas en los órganos internos de gobierno de la caja en contra del Ayuntamiento madrileño. A partir de mayo, cualquier decisión que adopten los órganos de control de la cuarta entidad crediticia española se regirá por los nuevos estatutos y el reglamento electoral. Por tanto, en este nuevo escenario el proceso electoral en el que está inmersa la caja se desarrollará con las reglas de juego que marca la Ley Aguirre. En estos momentos, sólo queda una incógnita por despejar: si el actual equipo directivo de Caja Madrid repetirá en el puesto tras la renovación de los cargos o la Comunidad preparará el relevo del mismo. Fuentes del Gobierno de Madrid no ocultaron ayer a este diario su malestar por la actuación del aún presidente de la entidad, Miguel Blesa, durante la asamblea genera. Según el relato de estas fuentes, Blesa contrapuso el estatuto anterior a la redacción de la Consejería de Economía. Suceso que, a su juicio, supone una instrumentalización de los órganos de gobierno de la entidad «en beneficio propio para perpetuarse sine die en el cargo». Con su actitud, advierten de que «está llamando al desacato». Mientras, fuentes de Caja Madrid limitaron la intervención de Blesa a un relato de los hechos acaecidos hasta la fecha. Durante la asamblea, que se prolongó en el tiempo más de tres horas, ningún representante del Ayuntamiento de Madrid ni de la Comunidad hizo uso de la palabra, a instancias del presidente del PP, Mariano Rajoy. Así se evitó que quedara en evidencia las diferencias que mantienen el Consistorio y el Gobierno. Eso sí, nueve consejeros, defensores del «no», intervinieron para apelar al consenso. Al final, la asamblea rechazó por 157 votos en contra, 87 a favor, 51 en blanco y uno nulo de un total de 296 miembros que emitieron su voto. Para ser aprobados los nuevos estatutos y el reglamento electoral necesitaban el respaldo de dos tercios de los 320 asamblea general. Esta votación indica que la llamada a la abstención realizada por la mañana por el secretario general del PSOE, Tomas Gómez, cayó en saco roto entre los 70 miembros de las filas socialistas presentes en la asamblea. Además, obliga al Ejecutivo madrileño a hacer cumplir la ley. Este cumplimiento provocará la presentación de un nuevo recurso contencioso-administrativo por parte del Ayuntamiento de la capital. En el mismo, según fuentes municipales, Gallardón solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que eleve esta causa al Constitucional, alegando la «inconstitucionalidad» de la Ley de Cajas autonómica. No obstante, estas fuentes expresaron su deseo de no tener que presentar este segundo recurso y que sea posible modificar la redacción actual de la Ley para equilibrar la representación municipal y de los impositores en los órganos de gobierno de la entidad financiera..