Aguirre y el PSOE apuestan por renovar a Blesa y al consejo de Caja Madrid este año

MADRID- El Gobierno Aguirre y el Partido Socialista coincidieron ayer en la necesidad de renovar la presidencia y el consejo de administración de Caja Madrid antes de final de año, pese a que el recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo central podría retrasar el proceso electoral abierto en la entidad en octubre pasado y que, en principio, concluía en septiembre próximo. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, compartieron esta urgencia en el reunión que mantuvieron ayer.En el encuentro, que se prolongó por espacio de más de dos horas, el dirigente socialista «no tuvo el más mínimo reparo en destacar la imperiosa necesidad de que Miguel Blesa, actual presidente de Caja Madrid, abandone la presidencia de la entidad», según fuentes próximas a la reunión. Gómez, además, volvió a manifestar su voluntad de alcanzar un pacto para superar la actual situación de estancamiento de la caja. Por eso propuso la adaptación de los artículos de la Ley de Cajas autonómica de los que el Consejo de Estado duda de su constitucionalidad. Aguirre recogió el guante y se comprometió ayer a estudiar esta adaptación de la norma a los «reparos constitucionales» del Consejo y la Abogacía del Estado. Este acercamiento entre la presidenta madrileña y el líder de la oposición se produce un día después de que la Abogacía del Estado recurra, a petición del Gobierno, algunos preceptos de la Ley de Cajas ante el Constitucional.El Gobierno Aguirre sostiene la plena constitucionalidad de la ley. En ese sentido, argumenta que la Lorca, norma estatal que regula las cajas de ahorros, no dice nada al respecto de la representación de las corporaciones locales. Tan sólo alude a la de las Comunidades Autónomas. De ahí que advierta de que el Consejo de Estado no ha sabido interpretar correctamente la Lorca. De hecho, la elección de representantes municipales en otras cajas de otras autonomías es menor que en la de la Comunidad de Madrid. Como botón de muestra, en Castilla-La Mancha hay un representante por ciudad.