Al Bachir prohíbe a las ONG internacionales distribuir ayuda en Sudán

En un endurecimiento de su posición ante la comunidad internacional, el presidente de Sudán, Omar al Bachir, anunció hoy que, en el plazo de un año, la asistencia exterior que reciba el país será distribuida sólo por organizaciones locales. «He ordenado al Ministerio de Asuntos Humanitarios que ‘sudanice' toda las agencias de asistencia en Sudán dentro de un año», afirmó el gobernante en una ceremonia con jefes militares y policiales que encabezó en el sur de esta capital. «El Gobierno está capacitado para reemplazar a estas agencias de ayuda por organizaciones nacionales», insistió Al Bachir. La decisión del gobernante llega tras al anuncio hecho por el Gobierno el pasado día 4 que implicó la expulsión del país de trece ONG extranjeras y la interrupción de las operaciones de otras tres nacionales. No hay datos sobre el número total de ONG que operan en Sudán, nacionales o extranjeras, en áreas que, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, incluyen la agricultura, la educación, los servicios o la protección legal. Cuatro de las ONG cuya expulsión fue anunciada el pasado día 4 eran consideradas como «socios claves» en Sudán del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y se encargaban del 35 por ciento de la comida que distribuye esa agencia de la ONU. Al Bachir, que se presentó en uniforme militar ante jefes policiales y militares, dejó claro hoy en su discurso que en el plazo de un año «ninguna organización internacional distribuirá ayuda a los ciudadanos de Sudán». «Las organizaciones pueden dejar su comida en el aeropuerto y las organizaciones sudanesas la distribuirán», afirmó el gobernante. El anuncio de hoy está vinculado con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, de ordenar el arresto de Al Bachir por su presunta vinculación en crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto armado en la provincia sudanesa de Darfur. Esa guerra, que estalló en febrero del 2003, ha causado unos 300.000 muertos y 2,5 millones de refugiados. Varios grupos rebeldes luchan contra el Ejército y una milicia gubernamental acusada de numerosas violaciones de los derechos humanos. Las ONG expulsadas o suspendidas en sus operaciones fueron acusadas por el Gobierno de Sudán de «colaborar» con el tribunal internacional en las gestiones que llevaron a la orden de arresto de Al Bachir. Hoy, al informar de las nuevas restricciones a las operaciones de las ONG, Al Bachir dio razones distintas, y acusó a estas instituciones de «robar» el dinero ofrecido por los países donantes y destinado a Sudán. Aseguró además que de los 2.000 millones de dólares ofrecidos por los países donantes, sólo han llegado a sus destinatarios 100 millones de dólares, pero no dio detalles ni identificó a las organizaciones responsables. «Aquellos que están trabajando con las organizaciones de asistencia son espías, traidores y agentes del colonialismo», añadió el jefe de Estado, de 65 años y que asumió el poder en Sudán mediante un golpe de Estado que lideró el 30 de junio de 1989. Sudán está considerado como el sexto país más corrupto del mundo, según la última lista anual de la organización Transparencia Internacional. En su mensaje, Al Bachir no cerró la puerta totalmente a todas las agencias internacionales de asistencia, aunque sí dejó claro que la ayuda en productos como comida o medicinas sólo será distribuida por organizaciones locales. «Aquellas (organizaciones) que cumplan con las leyes del país serán bienvenidas y aquellas que rompan la ley serán expulsadas», añadió el gobernante. Se desconocen aún qué respuesta habrá por parte de las ONG al anuncio de hoy de Al Bachir. El PMA ya advirtió que la expulsión de ONG anunciada el pasado día 4 iba a representar un gran retroceso en la ayuda a los millones de refugiados y desplazados de Darfur. Según datos del PMA, esa agencia de la ONU tiene como meta asistir con alimentos a 5,9 millones de personas en Sudán. Sólo para este año, se calcula que esta asistencia en alimentos alcanzará los 830 millones de dólares.